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Ley numero: 986

Tema
Bonos de Consolidación de deudas-Consolidar en el Estado Pcial. las obligaciones vencidadas o de causa o de título anterior al 1º de Abril de 1991. convalídanse los decretos 1980/90, 45, 101, 316, 612 y 985/91. Acogerse a los beneficios del art. 24 de la L. 23.982. Bonos de Consolidación.-
Autor
Poder Ejecutivo
Incidencias
Publicado en el B.O.P. Extra nº 43 del 13/11/91.- - R. 2107/92 - Formularios de pagos de la deuda consolidada (B.O.4837 del 22/12/92, p. 5). - D. 418/93 - Modifica art. 16 inc. g); art. 17 inc. b) y art 18 del D. 792/92 (B.O. 4961del 274/07/93,p. 2) - D. 1549/93 - Modifica art. 3,10,11,16,17 y 18 del D. 792/92 y Deroga art. 3 del D. 418/93 (B.O. 5082 del 21/12/93, p. 1) - L. 1082 - Privatización de la AGOSF (B.O. 5339 del 02/01/95, p.2) - L. 1125 - Modifica art. 2º de la L. 986 (B.O. 5581 del 19/12/95, p.2 ) - Dto.N° 445 (B.O.N° 6943 - 03-07-01).
Texto

LEY N° 986

La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de Ley:

Artículo 1º.- Consolídese en el Estado Provincial las obligaciones vencidas o de causa o título anterior al 1º de abril de 1991, que consisten en el pago de sumas de dinero, o que se resuelvan en el pago de sumas de dinero en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando medie o hubiese medido controversia reclamada judicial

o administrativamente, conforme con las leyes vigentes acerca de

los hechos o el derecho aplicable.

b) Cuando el crédito o derecho reclamado judicial o administrativamente o susceptiblemente de ser reclamado judicial o administrativamente haya sido alcanzado por suspensiones dispuestas por leyes o decretos dictados con fundamento en los poderes de emergencia del Estado hasta el 1º de abril de 1991 y su atención no haya sido dispuesta o instrumentada por otros medios.

c) Cuando el crédito sea o haya sido reconocido por pronunciamiento judicial aunque no hubiere existido controversia, o esta cesare o hubiere cesado por un acto administrativo firme, un laudo arbitral o una transacción.

d) Cuando se trate de obligaciones accesorias a una obligación consolidada.

Las obligaciones mencionadas sólo quedarán consolidadas luego de su reconocimiento firme en sede administrativa o judicial.

Quedan excluidas las obligaciones que correspondan a deudas corrientes, aún cuando se encuentren en mora excepto las comprendidas en algunos de los incisos anteriores y las de naturaleza previsional.

El acreedor cuyos créditos quedan sometidos al régimen de la presente ley, podrá liberarse de sus deudas respecto de los profesionales que hubieren representado o asistido a las partes en el juicio o en las actuaciones administrativas correspondientes y respecto de los peritos en su caso, mediante cesión por su valor nominal de los derechos emergentes de esta ley, respetándose, en su caso, la proporción de lo percibido en títulos o en efectivo.

Art. 2º.- La Consolidación dispuesta comprende las obligaciones a cargo del Estado Provincial, Administración Pública centralizada o descentralizada, Banco de la Provincia de Formosa,entidades autárquicas y servicio de cuentas especiales. También comprende la obligación, a cargo de todo otro ente en que el Estado Provincial o sus entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, en la medida en que recaíga sobre el Tesoro Provincial.

Art. 3º.- Las sentencias judiciales, los actos administrativos firmes, los cuerdos transaccionales y los laudos arbitrales que reconozcan la existencia de las obligaciones alcanzadas por la consolidación dispuesta en los artículos anteriores, tendrán carácter meramente declarativo con relación a los sujetos del artículo 2º, limitándose al reconocimiento del derecho que se pretenda. La única vía para su cumplimiento es la establecida en la presente ley.

Art. 4º.- Los representantes judiciales de las personas jurídicas u organismos alcanzados por el artículo 2º, solicitarán, dentro de los cinco (5) días de la entrada en vigencia de la presente ley, el levantamiento de todas las medidas ejecutivas o cautelares dictadas en su contra. Dicho levantamiento deberá disponerse inmediatamente, sin sustanciación, sin costa alguna para el embargante, ni aportes de los profesionales intervinientes, liberándose, incluso, los depósitos de sumas de dinero o los libramientos que hubieren sido alcanzados por las suspensiones implantadas por la legislación de emergencia. No podrá en el futuro disponerse la traba de medidas cautelares o ejecutorias respecto de las obligaciones consolidadas conforme con esta ley.

Art. 5º.- Para solicitar el pago de las deudas que se consolidan, los titulares de los derechos que hayan sido definitivamente reconocidos deberán presentar la liquidación administrativa definitiva que cuente con la previa conformidad de la Contaduría General de la Provincia, expresada en Australes al 1º de abril de 1991, en la forma y condiciones que determine la reglamentación.

Art. 6º.- En base a las liquidaciones recibidas, las personas jurídicas u organismos comprendidos por el artículo 2º de la presente ley, formularán los requerimientos de créditos presupuestarios a la Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, del Ministerio de Economía, Haciendas y Finanzas, que los atenderá exclusivamente con los recursos que al efecto disponga la Honorable Legislatura en la Ley de presupuesto de cada año, siguiendo el orden cronológico de prelación y respetando los privilegios que se establecen en la presente. Cada crédito presupuestario que se asigne, deberá corresponderse con un débito equivalente a cargo de la persona jurídica u organismo de que se trate, que se cancelará en condiciones análogas a las obligaciones consolidadas,salvo que el Poder Ejecutivo Provincial disponga capitalizar dichas acreencias en cada caso, total o parcialmente. A partir de la consolidación de pleno derecho operada de acuerdo con lo dispuesto en esta ley, las obligaciones consolidadas devengarán solamente un interés equivalente a la tasa promedio de la Caja de Ahorro común, que publique el banco central de la República Argentina, capitalizable mensualmente.

Art. 7º.- Los recursos que anualmente asigne la Honorable Legislatura para atender el pasivo consolidado del Estado Provincial, se imputarán al pago de los créditos reconocidos, según el siguiente orden de prelación:

a) Las prestaciones de naturaleza alimenticia, créditos laborales o nacidos con motivo de la relación de empleo público y los créditos derivados del trabajo o la actividad profesional, hasta el monto equivalente a un (1) año de haber jubilatorio mínimo por persona y por única vez.

b) Los créditos por daños a la vida, en el cuerpo o en la salud de personas físicas o por privación ilegal de la libertad o daños en cosas que constituyen elementos de trabajo o vivienda del damnificado, hasta la suma de CIEN MILLONES DE AUSTRALES (A100.000.000) por persona y por única vez.

c) Los saldos indemnizados que hubieren sido controvertidos por expropiaciones por causas de utilidad pública o por la desposisión ilegítima de bienes.

d) Las repeticiones de tributos.

e) Los créditos mencionados en los incisos a) y b) precedentes, por lo que exeden el límite antes mencionado.

f) Los aportes y contribuciones previsionales para obras sociales y en favor de los sindicatos.

g) Las demás obligaciones alcanzadas por la consolidación.

Art. 8º.- Dentro de las categorías del artículo 7º, la prioridad de pago se asignará respetando el orden cronológico de las fechas en que hubieren quedado firmes y definitivos los actos judiciales o administrativos que reconocieron el crédito líquido.

Art. 9º.- Los pedidos de informes o requerimientos judiciales respecto del plano en que se cumplirá cualquier obligación alcanzada por la consolidación dispuesta por la presente, serán respondidos por el Poder Ejecutivo Provincial o cualquiera de las personas jurídicas o entes alcanzados por el artículo 2º, indicando que se propondrá a la Honorable Legislatura que vote anualmente los recursos necesarios para hacer frente al pasivo consolidado al 1º de abril de 1991, en un plazo máximo de dieciseis (16) años para las obligaciones generales. Informarán también el orden cronológico de prelación y el privilegio que le corresponda al crédito pretendido hasta la fecha del informe, de modo que pueda estimarse provisionalmente el plazo que demandará su atención.

Art. 10.- Alternativamente a la forma de pago prevista, los acreedores podrán optar por suscribir a la par, por el importe total o parcial de su crédito en moneda nacional, cuya emisión autoriza la presente ley. Asimismo, podrán optar por recalcular su crédito para reexpresarlos en Dólares, valorizando al tipo de cambio vendedor en el mercado libre o su equivalente que correspondía a la fecha de origen de la obligación, con el fin de suscribir con tal crédito reexpresado en Dólares Bonos de Consolidación emitidos en esa moneda.Todo ello en las condiciones que determine la reglamentación.

Art. 11.- El Poder Ejecutivo Provincial, dispondrá la emisión de Bonos de Consolidación hasta la suma necesaria para afrontar las solicitudes de suscripción que reciba para cancelar las obligaciones consolidadas. Los citados Bonos tendrán el tratamiento fiscal que se determina en el artículo 24 de la Ley nº 23.982, promulgada el 23 de agosto del corriente.

Art. 12.- Los Bonos de Consolidación se emitirán a dieciseis (16) años de plazo. Durante los seis (6) primeros años, los intereses se capitalizarán mensualmente y a partir del inicio del séptimo año, el capital acumulado se amortizará mensualmente, en la forma y condiciones que determine la reglamentación. El Poder Ejecutivo Provincial podrá ejercer la facultad de rescatarlos anticipadamente manteniendo las prioridades establecidas en el artículo 7º. Podrán emitirse registralmente o mediante la impresión de las láminas respectivs en las condiciones que determine la reglamentación. Deberá identificarse y registrarse al titular original del crédito, pero serán transferibles libremente. Podrán emitirse nominativamente pero circularán al portador y cotizarán en las bolsas y mercados del país o del exterior; los acreedores que mantengan la liquidación de sus acreencias en moneda nacional, en cuyo caso nacional, podrán suscribir Bonos de Consolidación en moneda nacional, en cuyo caso devengarán la tasa de interés promedio de caja de ahorro común que publique el Banco Central de la República Argentina; y aquellos que reliquiden sus acreencias en Dólares Estadounidenses podrán suscribir Bonos de Consolidación en dicha moneda, en cuyo caso devengarán la tasa Libor.

Art. 13º.- Los suscriptores originales de los Bonos de Consolidación podrán cancelar a la par, con los bonos que reciban en pago de sus acreencias, las deudas vencidas o refinanciadas con anterioridad al 2º de abril de 1991, que ellos o cualquiera de los integrantes de un mismo grupo o conjunto económico, definido en las condiciones que determine la reglamentación, tuvieren con cualquiera de las personas jurídicas o entes alcanzados por el artículo 2º de esta ley, hayan sido o no reconosidas administrativa o judicialmente al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, con exepción de las deudas impositivas, previsionales o de aquellas derivadas de sanciones.

Quedan excluidas las obligaciones que correspondan:

a) A los contribuyentes y responsables contra quienes existiera denuncia formal o querella penal por los delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros.

b) a las obligaciones que se indican en el inciso anterior cuando su incumplimiento guarde relación con los delitos comunes que fueran objeto de causas penales en las que se hubiera ordenado el procesamiento de funciones o ex-funcionarios estatales:

c) A las actualizaciones, los intereses, las sanciones y los accesorios correspondientes a los conceptos mencionados en los incisos anteriores.

Los suscriptores originales podrán cancelar con dichos títulos a la par:

1. Los impuestos provinciales cuyo hecho imponible se perfeccione en razón del cobro de los créditos consolidados en bonos o por su tenencia futura:

2. Las obligaciones propias comprendidas en el primer párrafo de este artículo aún cuando se determine o liquiden por los organismos mencionados con posterioridad a la vigencia de la ley. En este caso el plazo para la opción regirá a partir de la fecha de determinación o liquidación administrativa, conforme lo fije la reglamentación.

Art. 14º.- El Estado Provincial o cualquiera de las personas jurídicas o entes alcansados por el artículo 2º, deberán aceptar el pago de los créditos a su favor con Bonos de Consolidación, en las condiciones previstas en los artículos anteriores. La Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas o el Banco de la Provincia de Formosa, según corresponda cancelarán los débitos que resulten a cargo de las personas jurídicas u organismos alcanzados por la consolidación, o los redescuentos pendientes de cancelación, en las condiciones que establezca la reglamentación. Las entidades financieras no alcanzadas por la consolidación y el Banco de la Provincia de Formosa, no computarán los Bonos de Consolidación creados por la presente ley que conserven en sus activos, a los efectos de determinar los límites de endeudamiento del Estado Provincial.

Asimismo realizarán bienes, créditos en gestión y mora al 1º de abril de 1991, acciones o empresas sujetas a privatización, mediante procedimientos de licitación o remate al mejor postor, pagaderos en Banco de Consolidación, en forma equivalente, y ello en las condiciones y proporciones que determine la reglamentación, en general o en especial. La participación de estos bonos deberá ser en una proporción no menor a la que establezca la reglamentación.

Art. 15º.- La presente ley es de orden público y se dicta en ejercicio de los poderes de emergencia de la Honorable Legislatura. La disponibilidad de los recursos fiscales correspondientes resulta esencial para atender la totalidad de las acreencias reconocidas u obligaciones consolidadas por la presente ley o que se reconozcan en el futuro en contra de las personas jurídicas o entes alcanzados por le artículo 2º. Convalídamos los decretos del Poder Ejecutivo Provincial números 1980/90; 45/91; 101/92, 316/91; 612/91 y 985/91.

No se aplicarán a las obligaciones consolidadas ni a sus accesorios las disposiciones contenidas en leyes especiales en tanto se contraponga con lo normado en la presente ley. No serán exigibles a los titulares de crédito consolidados el cumplimiento de sus obligaciones accesorias a dicho créditos, sino en las condiciones de esta ley.

Art. 16º.- Conforme a la convalidación de los decretos establecidos en el artículo anterior y de acuerdo por lo dispuesto por el Capítulo VII del Decreto Provincial nº 1980/90, las obligaciones de deudas corrientes consolidadas a su amparo, tendrán un régimen preferencial de amortización, cuyo título tendrá las siguientes características:

a) Fecha de emisión 31 de agosto de 1990.

b) Plazo: cinco (5) años.

c) Amortización se efectuará en 15 cuotas trimestrales y sucesivas, emitido y ajustado de acuerdo con lo previsto en los incisos d), e) y f), venciendo la primera cuota el 30 de noviembre de 1991.

d) Cláusula de ajuste: Indice de precios mayorista nivel general, INDEC, hasta el 1º de abril de 1991, considerando los valores correspondientes al mes de marzo de 1991, y el mes base julio de 1990.

e) Tasa de interés: devengará una tasa de interés del 4% nominal anual aplicable sobre el capital ajustado este último hasta el 1º de abril de 1991.

f) A partir del 1º de abril de 1991 los valores ajustados devengarán un interés del 12% anual.

Art. 17º.- La consolidación legal del pasivo público alcanzado por la presente, implica la novación de la obligación original y de cualquiera de sus accesorios así como la extinción de todos los efectos inmediatos, mediatos o remotos que la imposibilidad de cumplir sus obligaciones por parte de cualquiera de las personas jurídicas u organismos comprendidos por el artículo 2º pudiera provocar o haber provocado. En lo sucesivo sólo subsisten a su respecto los derechos derivados de la consolidación.

Asimismo, la cancelación de obligaciones con el Bono de Consolidación creados por la presente ley extinguirá definitivamente las mismas.

Art. 18º.- El Poder Ejecutivo Provincial o cualquiera de los Ministerios que lo asistan con el previo asesoramiento del servicio jurídico permanente, podrán acordar transacciones, que en todos los casos deberán contar con la aprobación de la Contaduría General de la Provincia, y en cada caso ser homologadas judicialmente. Será competente para la homologación el juez actualmente o el que lo hubiera sido para entender en la cuestión. Los medios para la cancelación de las obligaciones, dinerarias emergentes de la transacción, serán los previstos por esta ley, salvo que existieren partidas presupuestaria específicas.

El Poder Ejecutivo Provincial o cualquiera de los Ministerios que le asisten con el asesoramiento previo del servicio jurídico permanente, podrán someter a arbitraje las controversias que mantengan con los particulares en sede administrativa o judicial, cuando los asuntos revistan significativas trascendencia o sea ello conveniente para los intereses del Estado. En el compromiso arbitral se pactarán las costas por su orden y se renunciará a todo recurso con excepción del previsto por el artículo 14º de la ley Nº 48. Los medios para la cancelación de las obligaciones dinerarias emergentes del laudo, serán los previstos por esta ley, salvo que existieran partidas presupuestarias específicas.

El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará lo relativo a transacción y arbitraje a los fines de esta ley.

Art. 19º.- Las Municipalidades y Comisiones de Fomento, podrán consolidar las obligaciones a su cargo que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 1º. Las normas legales locales respectivas no podrán introducir mayores restricciones a los derechos de lso acreedores que las que la presente ley establece respecto a las deudas del sector público provincial.

Los medios que se dispongan para cancelar las obligaciones que se consoliden en las jurisdicciones comunales, sólo podrán afectar recursos fiscales, bienes o créditos que pertenezcan a las respectivas comunas.

Art. 20º.- A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo deberá comunicar a la Honorable Legislatura todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes de obligaciones de causa o título posterior la 1º de abril de 1991 que carezcan de créditos presupuestarios para su cancelación en la ley de presupuesto del año siguiente al del reconocimiento.

El acreedor estará legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito, a partir dela clausura del período de sesiones ordinarias de la Honorable Legislatura, en la que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo.

Art. 21º.- Habiéndose facultado la sanción de la presente en el marco del saneamiento de las finanzas nacionales y provinciales por le artículo 1º de la ley nacional Nº 23.982, acógese la consolidación dispuesta a los beneficios impositivos establecidos por el artículo 24º de la ley citada.

En consecuencia, el Bono de Consolidación emitido por la Provincia tendrá el tratamiento impositivo previsto en el artículo 36 bis de la ley 23.962, modificatoria del Régimen de Obligaciones Negociables creados por la ley 23.576.

Para sus suscriptores originales los bonos no se considerarán activos a los efectos de la liquidación del impuesto sobre los activos, no rigiendo lo previsto en el último párrafo del artículo 3º de la ley 23.760.

Los bonos quedan exentos del impuesto establecido por el título VI de la ley 23.966 sobre los Bienes Personales no incorporados al Proceso Económico.

Art. 22º.- El Poder Ejecutivo Provincial deberá reglamentar esta ley en un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles desde su promulgación.

Art. 23º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese y archívese.

Sancionada en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Formosa, el siete de noviembre de mil novecientos noventa y uno.

VIRGILIO LIDER MORILLA/JOSE MIGUEL ANGEL MAYANS

Secretario Legislativo/Presidente Provisional

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