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Ley numero: 250

Tema
Ley complementaria del Código de Procedimiento Civil de la Nación, vigente en esta Provincia.
Autor
Colegio de Abogados y Procuradores.
Incidencias
Texto

LEY Nº 250

La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de Ley:

Artículo 1º.- Presentación de escritos fuera de hora hábil (agregado al artículo 6º Código de Procedimientos civiles).

Fuera de las horas hábiles podrán presentarse escritos relacionados con actos de procedimiento o acciones cuyo término de realización o de interposición venza ese mismo día. La presentación se hará a cualquier Secretario Judicial o Escribano del lugar de asiento del Tribunal o Juzgado correspondiente, quienes pondrán constancia del día y hora de presentación y lo devolverán al interesado para que lo presente al siguiente día hábil a la secretaría que corresponda, dentro de las dos primeras horas de atención al público. Transcurridas éstas sin haberlo hecho la constancia perderá efecto en cuanto a la presentación del escrito en término.

Art. 2º.- Habilitación de días y horas inhábiles (agregado al artículo 7º C.P.C.).- La habilitación podrá pedirse en horas y días inhábiles y en todos los casos la solicitud deberá proveerse dentro de las seis horas siguientes a su presentación. Si se hace lugar a la habilitación se ordenará al mismo tiempo la realización de las medidas solicitadas. La denegatoria será apelable en relación y el recurso se concederá dentro de la hora siguiente al de su interposición, elevándose los autos al Superior, sin otro trámite y en el mismo término, debiendo el Superior resolver el recurso dentro de las seis horas de recibido el expediente.

El pedido de habilitación en hora o día inhábil se hará a cualquier Juez competente en razón de la materia, monto e instancia,salvo que a tales fines esté establecido turno especial entre los mismos. Por la sola presentación de la solicitud quedarán automáticamente habilitadas las horas y los días inhábiles siguientes hasta la resolución definitiva de la misma y el cumplimiento de las medidas ordenadas en ésta.

Art. 3º.- Constitución de domicilio (sustitución de los artículos 10 y 11 C.P.C. y 1º Ley Nacional 14.237). Toda persona que comparezca o deba comparecer como parte en juicio, lo haga por sí o en representación de otra, personalmente o por apoderado, deberá constituír en su primera presentación un domicilio legal dentro del radio de dos kilómetros del asiento del respectivo tribunal o juzgado, y mientras no lo constituya no se proveerá a ninguna petición de la misma. El cumplimiento de dicha obligación se exigirá de oficio y bajo apercibimiento de tenerselo por constituído en los estrados del correspondiente tribunal o juzgado, donde se practicarán las notificaciones de los actos de juicio que correspondan. El actor y su apoderado deberán cumplir esa exigencia en el término de dos días, y el demandado y su apoderado en el señalado para la comparecencia, contados ambos desde la notificación de la intimación.

Art. 4º.- Copias de escritos y documentos (sustitución del artículo 21 C.P.C. y 6º de la L.N. 14.237). De todo documento y escrito que se presente deberán acompañarse tantas copias simples firmadas por el presentante, como partes intervengan o hayan intervenido en el juicio, las que deberán ser entregadas a éstas en la primera notificación que se les practique. No cumplido ese requisito se intimará la presentación de las copias en el término de veinticuatro horas, bajo apercibimiento de tener por no presentados los documentos o escritos. En el caso de acompañarse expedientes deberá ordenarse su agregación sin el requisito señalado precedentemente. El presentante podrá acompañar otra copia para que se le devuelva con contancia de la presentación de los respectivos documentos y escritos, en cuyo caso se pondrá en dicha copia el cargo yel número del sello y/o de estampillas de reposición que obren en ellos o en caso de no tenerlos se unirán original y copia sellándolos dos veces con el sello del juzgado en forma que abarquen a ambos. A su pedido también se pondrá constancia de que con anterioridad no se ha presentado escrito de contraparte en relación al mismo objeto o petición, interposición de recurso, pedido de perención de instancia, acusación de negligencia o cualquier otra circunstancia que resulte pertinente,de acuerdo al estado y trámite del juicio.

Art. 5º.- Orden y cumplimiento de vistas y traslados a los Representantes de los Ministerios Públicos (agregado al artículo 24 C.P.C.). Las visitas y traslados a los Ministerios Públicos se ordenarán en una misma providencia y se conferirán sucesivamente al Ministerio Público Popular y al Ministerio Fiscal. Deberán correrse dentro del día siguiente de ordenadas o de encontrarse el expediente en condiciones, y el incumplimiento de ello se considerará falta grave del Secretario a quién corresponda su ejecución.

Art. 6º.- Préstamo de expedientes (sustitución del artículo 27 C.P.C.). Los jueces y secretarios permitirán que los autos sean sacados de la oficina bajo la responsabilidad de abogado, o de funcionario o perito que intervenga en los mismos, y sin necesidad de petición escrita:

1º.- Para alegar de bien probado; expresar agravios o contestarlos; confeccionar memoriales informes; rendir cuentas; practicar liquidaciones, divisiones o particiones y pericias; o redactar escrituras judiciales.

2º.- Cuando se haya dictado resolución recurrible por reposición.

3º.- Si se trata de juicios voluntarios, o contenciosos en que no haya contraparte. Ningún expediente podrá ser sacado de la oficina sin que la parte, perito o interesado, por quien se solicita, esté notificado de todas las resoluciones que deban serlo personalmente o por cédula. Toda vez que se autorice el retiro de expediente se fijará el plazo para su devolución,el que no excederá del establecido al objeto para el cual se lo solicita, o el proporcional que corresponda en los términos comunes,pero nunca por más de diez días. De ello se dejará constancia suscripta por elsecretario y el abogado, funcionairio o perito responsable. Si,al vencimiento del plazo el expediente no hubiera sido restituído, el secretario intimará su devolución en el término de veinticuatro horas, y si transcurrido éste no fuera devuelto dará cuenta al juez o tribunal correspondiente, para que ordene el apremio del caso y sancione al remiso, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 129 y 130 de la ley provincial nº16. Si el expediente se encontrare en poder de un tercero, el mandamiento será dirigido contra éste, con iguales sanciones. En caso de que el apremio no fuere cumplido se ordenará la inmediata reconstrucción del expediente, a costa del responsable en la extracción; y a tal efecto se tendrán como piezas del mismo las copias de los instrumentos públicos y las autorizadas por el actuario conforme a los artículos 21 y 63 C.P.C.

Art. 7º.- Providencias de mero trámite (agregado al artículo 29 C.P.C. y primera parte del artículo 20 L.N.14.237 y del artículo 66 de la ley provincial 16). Las providencias de mero trámite serán dictadas por los Secretarios en cualquier fuero y jurisdicción.

Se entienden por tales las que resuelvan peticiones tendientes a impulsar el procedimiento conforme al trámite ordenado por el tribunal o juez de la causa.

Art. 8º.- Notificación automática (sustitución de los artículos 31 C.P.C. y 3 del Decreto Ley Nacional 23.398/56). Salvo los casos en que proceda la notificación personal o por cédula, toda providencia o resolución judicial, incluso las dictadas durante el período de prueba, se considerará norificada el día martes o viernes siguientes a aquél en que fué dictada, o el hábil inmediato posterior si alguno de éstos fuere feriado, si el expediente figura en la lista de los puestos en la oficina en los días designados, y que suscripta por el Secretario se dará a conoceren Mesa de Entradas, al comienzo del horario de atención al público. Incurrirá en falta grave el Secretario que retarde la exhibición de la lista, omita expediente con providencia o resolución, cédula, oficio, informe, mandamiento, o cualquier otro instrumento que deba ser agregado a ellos, de fecha anterior a la del día de notificación por nota, o que no los ponga a disposición de los interesados para que tomen conocimiento de los mismos. El cumplimiento dela obligación de asistencia establecida para los apoderados, en el artículo 94, inciso 1º., de la ley provincial nº 16, se acreditará con la firma de éstos en la lista, a continuación de la del Secretario, quien al finalizar el horario referido anteriormente, dejará constancia de los que la han suscripto y la archivará en el legajo, por orden cronológico.

Art. 9º.- Notificación personal o por cédula (sustitución del artículo 33 C.P.C. e inciso 1º del artículo 4º del D.L.Nº 23.398/56; 2º del mismo artículo; y agregado como inciso 13º).

1º.- Los traslados y vistas establecidos por el Código y Leyes de Procedimientos, u ordenados por el Juez o tribunal.

2º.- La providencia que ordena absolución de posiciones o reconocimiento de firma, pone los autos para alegar o los llama para sentencia.

3º.- El llamamiento de autos y la providencia que los pone a disposición del recurrente para que exprese agravios o dispone el traslado de éstos al apelado.

Art.10º.- Carácter y efecto de los términos (sustitución de los artículos 42 a 46 del C.P.C. y agregado en sustitución del artículo 5º del D.L.Nº 23.398/56). Los términos legales o judiciales son perentorios para las partes y los Ministerios Públicos, salvo acuerdo establecido por escrito en los autos, antes del vencimiento de los mismos, realizado con relación a actos procesales específicamente determinados, por plazo fijo y con carácter perentorio.

Si transcurrido dichos términos no se hubieran realizado los autos correspondientes, se dará por perdido el derecho de realizarlos a quien no lo hizo dentro de ellos. La pérdida de tal derecho para los Representantes de los Ministerios Públicos hará pasible a los mismos, en cada caso, de una multa equivalente a la mitad de un día de la retribución que tengan asignada, sin perjuicio de la sanción disciplinaria y enjuiciamiento que correspondiere conforme a la Constitución de la Provincia y a la Ley.

Art. 11º.- Término para dictar providencias y resoluciones (agregado al artículo 49 C.P.C.). Las providencias de trámite deberán dictarse dentro del segundo día de estar los autos en condiciones para ello, y las resoluciones para las cuales no esté fijado término especial, dentro de los diez días contados del mismo modo.

Art. 12º.- Señalamiento y realización de audiencia (agregado al artículo 50 C.P.C.). Las audiencias para producción de pruebas se realizarán dentro del término legal fijado a este efecto, y las de cualquier otro objeto deberán llevarse a cabo dentro de los quince días de la providencia o resolución que las disponga. Las audiencias no podrán suspenderse sino por causa justificada y en este caso deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes, de lo cual se notificarán los comparecientes, en el mismo acto que ordene la suspención, quedando automáticamente habilitadas las horas y días inhábiles necesarios para la notificación o traslado de los no comparecientes. Todo señalamiento de audiencia deberá ser notificado con anticipación no menor de dos días al de su realización si el citado se domicilia en un radio de cien kilómetros del asiento del tribunal o juzgado, ampliándoselo en igual término por cada cien kilómetros o fracción de distancia que mide entre el lugar de su domicilio y el del tribunal o juzgado. Cuando la audiencia sea fijada para realizarse dentro de un término de días posteriores al de la notificación, deberá hacerse con expresión de la hora en que ella deberá llevarse a cabo.

Art. 13º.- Diligencia para mejor proveer (agregado al artículo 215 del C.P.C.). Las medidas referidas precedentemente y en el artículo 57 del C.P.C. no podrán ser ordenadas más allá de la mitad del transcurso del plazo para dictar sentencia y deberán cumplirse en un término que no exceda de otro tanto.

Art. 14º.- Retardo en la administración de justicia (agregado al artículo 58 C.P.C). Por cada día de retardo en que incurran los Secretarios y Jueces de cualquier grado, para dictar providencias, resoluciones o sentencias, o realizar cualquier acto de procedimiento, los mismos serán pasibles de una multa equivalente a la mitad de la retribución diaria que tengan asignada, la que se hará efectiva mediante descuento en el sueldo. El retardo que excediere de la mitad de los términos legales correspondientes producirá la pérdida automática de jurisdicción y la transferencia de ésta al subrogante. Los Jueces y Secretarios que pierdan la jurisdicción por retardo tres veces en un año se harán pasibles de las sanciones disciplinarias y enjuiciamiento establecidos por la Constitución de la Provincia y la Ley.

Art. 15º.- Copia de las resoluciones interlocutorias o definitivas (agregado al artículo 63 C.P.C.). De tales resoluciones se sacarán tantas copias como partes intervengan en la causa, las cuales, autorizadas por el Secretario, se les entregará en el acto de su notificación.

Art. 16º.- Forma de interponer la apelación (agregado al artículo 227 C.P.C.). También podrá interponerse en el acto de la notificación personal, en cuyo caso se la tendrá por desistida si el apelante no responde el sellado correspondiente al impuesto de la apelación, dentro del término fijado por la ley para interponerla. (Sustitución del artículo 228 C.P.C.). El término para interponer el recurso de apelación en asunto de competencia de la justicia Letrada o de Paz será de cinco días, salvo que la ley establezca un término mayor.

Art. 17º.- Notificación por pieza postal (agregado al artículo 20 D.L.N. 23.398/56). En todos los casos que corresponda la notificación por cécula, a pedido verbal del interesado y a su costa, ella podrá realizarse por pieza postal certificada con aviso de retorno. En este caso se hará con remisión del original, cerrado y sin sobre, y el duplicado se agregará a los autos con constancia de la expedición de aquél. El recibo de la pieza se agregará a los autos y la fecha del mismo se tomará como de notificación. No se admitirá ningún reclamo del notificado que no presente el original entregado según recibo.

Art. 18º.- Notificaciones fuera del radio del asiento del juzgado o tribunal (agregado al artículo 38 C.P.c.). Cuando la notificación por cédula deba realizarse fuera del lugar de asiento del juzgado o tribunal, ella podrá encomendarse a cualquier autoridad judicial, administrativa, o policial, más cercana a aquél, en cuyo caso en el oficio con el que se remita la cédula se harán conocer las disposiciones legales relacionadas con la forma de realizar la diligencia de notificación y la responsabilidad por su contravención.

Art. 19º.- Carga, ofrecimiento y producción de pruebas (nueva disposición). En general cada litigante debe aportar la prueba de los hechos invocados y no reconocidos por la contraria. La de los hechos constitutivos, extintivos o impeditivos corresponde según el caso, a quien los invoca como base de su pretensión o de su resistencia. Fuera de las oportunidades establecidas en el Código y Leyes de Procedimientos, no se admitirá ninguna clase de prueba salvo que se trate de documentos de fecha posterior o anterior, siempre que en este último caso se preste juramento de no haberlo conocido antes. Este derecho podrá ejercerse mientras existan pruebas pendientes de recepción, y el ofrecimiento se sustanciará con un traslado a la contraria. Dentro delmismo plazo podrán alegarse hechos nuevos ofrecerse pruebas sobre éstos, procediéndose en la misma forma prevenida precedentemente. Al contestar el traslado, el actor o el demandado, en su caso, deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 100 del C.P.c.; y a su vez tendrán derecho a ofrecer contraprueba para desvirtuar el hecho nuevo o las nuevas pruebas alegadas y su naturaleza. Para la producción de dichas pruebas se seguirá el trámite previsto en el artículo 48 de la L.N. 14.237. Para el ofrecimiento, ad isión y producción de la prueba en todos los juicios, salvo disposición expresa en contrario, se aplicarán las mormas establecidas enla Sección VIII del Título II del C.P.C., L.N. 14.237 y 11.924 y D.L.N. 23.398/56. La prueba testimonial en juicio de embargo preventivo u otra medida precautoria, alimentos, y toda otra en que no exista contraparte, se recibirá en cualquier hora hábil dentro del horario de atención al público.

Art. 20º.- Incidentes (agregado al artículo 47 L.N. 14.237). A tal efecto los mismos se formarán con el correspondiente testimonio del escrito o parte de éste o de la audiencia en que se hayan promovido.

Art. 21º.- Publicación de edictos (nueva disposición). Toda vez que deba publicarse edictos, se ordenará que lo sea en solo uno de los diarios de entre los de más tiraje y difusión en el lugar del asiento del correspondiente tribunal o juzgado.

Art. 22º.- Designaciones de oficio (nueva disposición). Toda vez que haya de hacerse una designación de oficio se hará por sorteo entre los inscriptos en la respectiva matrícula del Superior Tribunal de Justicia, el que se practicará en audiencia a la cual serán citadas las partes y se hará conocer en el anunciador del tribunal o juzgado.

Art. 23º.- Peticiones en diligencia (nueva disposición). La acusación de rebeldía, el urgimiento de producción de prueba, la reiteración de oficios y exhortos y demás diligencias análogas podrá realizarse verbalmente dejándose constancia en el expediente, con la firma del actuario y del peticionante.

Art. 24º.- Devolución de exhortos (nueva disposición). La devolución de exhortos al tribunal o juzgado de origen podrá solicitarse en diligencia, y ella no se cumplirá sin antes regular los honorarios de los profesionales intervinientes, lo cual se hará teniendo en cuenta las disposiciones legales pertinentes, pero en ningún caso el honorario será menor de quinientos pesos.

Art. 25º.- Títulos que traen aparejada ejecución (sustitución del inciso 2º del artículo 465 C.P.C.). Los documentos privados suscriptos por el obligado, que sean reconocidos en juicio y que contengan obligación de dar suma de dinero, líquida y exigible, considerándose incluídas entre ellos las boletas o facturas de compraventa de mercaderías que no tengan fijado el plazo de pago, una vez transcurridos los términos señalados en los artículos 464 y 474 in-fine del Código de comercio.

Art. 26º.- Excepciones admisibles en el juicio ejecutivo (agregados al artículo 488 delC.P.C. y 59 L.N. 14.237). 7º.-

Pago documentado, aunque fuere parcial.

12º.- La excusión o falta de interpelación al deudor principal o la división de deuda, según los casos.

Art. 27º.- De las tercerías (sustitución de la última parte del artículo 529 C.P.C.). Unas y otras se sustanciarán por el trámite de los incidentes.

Art. 28º.- Juicio de desalojo (sustitución de los artículos 586 a 592 C.P.C.). La acción de desalojo se acuerda: A los propietarios, locadores, comodantes, depositantes, mandantes o principales, respecto a los usufructuarios, locatarios, comodatarios, depositarios, mandatarios, administradores, gestores, guardadores, servidores, o cualquier otro tenedor con obligación legal de restituír un inmueble. El juicio de desalojo se sustanciará por el procedimiento establecido en los artículos 35, 36, 37 y 39 de la L.N. 11.924, con las siguientes modificaciones:

a) La demanda se notificará en el domicilio contractual si lo hubiere, en su defecto, en el real del demandado; y si éste fuere desconocido se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 80 del C.P.C.

b) No se admitirá reconvención ni las excepciones previas se resolverán como de previo y especial pronunciamiento.

c) Si el demandado manifestase estar en posesión del inmueble en calidad de poseedor para sí, y con relación concreta y clara de los hechos o actos jurídicos en cuya virtud posee, el actor deberá promover el juicio que corresponda, a no ser que ofreciese probar que aquél es mero tenedor, en cuyo caso proseguirá el mismo juicio.

d) La audiencia para la producción de la prueba se fijará para una fecha que no exceda de treinta días de la resolución que la disponga.

e) Para la designación de peritos el Juez señalará audiencia para dentro de los cinco días siguientes al del vencimiento del término para ofrecer y ordenar la producción de la prueba pericial.

Ejecutoriada la sentencia, el desalojo se hará efectivo contra cualquier ocupante anterior a la promición del juicio, si se le hubiere hecho saber la demanda, y contra cualquier ocupante posterior, salvo que invoque título legítimo anterior en fecha a la acción juzgada, en cuyo caso se le acordará un plazo no mayor de veinte días, sin recurso alguno.

El lanzamiento no podrá ser postergado ni suspendido por reclamo sobre mejoras o labores. En dicho caso se dejará constancia en la diligencia respectiva, de la clase, extensión y estado de las mismas, para que el interesado haga valer sus derechos en otros juicios, sin perjuicio de la fianza y medidas de seguridad que sean procedentes con arreglo a la ley, las cuales, otorgadas que fueren, quedarán automáticamente canceladas si dicho juicio no se inicia dentro de los quince días.

Al ejecutarse el lanzamiento se embargarán y depositarán los bienes más realizables suficientes para cubrir los arrendamientos y gastos del juicio si el desalojo se promovió por falta de pago de ellos y el demandado ha sido condenado en costas.

Art. 29º.- Recursos de casación por inaplicabilidad de la ley o doctrina legal y revisión.

1º.- Estos recursos caben contra las sentencias dictadas en única o última instancia que, aún recayendo sobre un artículo, pongan término al pleito y hagan imposible su continuación, y después de las cuales no pueda promoverse otro juicio sobre el mismo objeto. Procederán en los siguientes casos:

a) Por omisión, falsa o errónea aplicación de la ley o doctrina legal o de la jurisprudencia del Superior Tribunal.

b) Por violación de las formas y solemnidades prescriptas para el procedimiento o la sentencia, excepto cuando hubieran sido consentidas o producidas por el recurrente o no lo afectaren.

c) Por haber recaído contra persona no demandada o sobre autos no sometidos a su decisión o haber omitido declaración sobre algunas de las pretensiones deducidas en la causa o decidido sobre alguna no deducida o por contener disposiciones contradictorias o contraria a la cosa juzgada. Dentro de tres días de la notificación de la respectiva sentencia o en el acto de la notificación personal deberá manifestarse que se va a interponer el recurso, en cuyo caso éste se deducirá por escrito ante el tribunal o juez que la haya dictado, y para ante el Superior Tribunal, expresando en términos claros y concretos el motivo del recurso y circunstancias que lo autoriza. El plazo para la interposición del recurso es de diez días contados desde la notificación de la sentencia.

2º.- El tribunal o juez ante el cual se interpongan, examinará si se han deducido contra sentencia respecto a la cual proceda, si se ha hecho en término, y si se ha observado lo dispuesto precedentemente en cuanto a las expresiones que debe contener el escrito de interposición. Dentro de tres días de interpuesto, en resolución fundada y con referencia concreta a cada una de las circunstancias examinadas, se concederá o denegará el recurso.

En el primer caso se elevarán los autos al Superior Tribunal dentro de los dos días siguientes al de la notificación personal o por cédula, al recurrente. Y en el segundo él podrá ocurrir directamente en queja al Superior Tribunal, pidiendo que se ordene la remisión de los autos y se otorgue el recurso denegado.

3º.- Recibido el expediente el Superior Tribunal resolverá sin más trámite sobre la procedibilidad del recurso y si lo declarara procedente dictará al mismo tiempo la providencia de "Autos"; caso contrario lo declarará bien denegado y condenando en costas al recurrente ordenará devolver los autos al tribunal o juzgado de origen. Dentro de tres días de notificadas las partes y el Procurador General, de la providencia de "Autos", el recurrente deberá presentar un memorial sosteniendo el recurso; de no hacerlo se le tendrá por desistido y previa declaración de esto se procederá en la misma forma dispuesta para el caso de denegatoria. Las demás partes del juicio y el Procurador General podrán presentar, dentro del mismo término, un memorial de oposición a la admisión del recurso; pero si no lo hicieren la causa se resolverá sin él. El Superior Tribunal dictará sentencia con todos sus miembros en un plazo que no exceda de sesenta días de vencido el término para la presentación del memorial. En ella declarará, según el caso, la omisión falsa o errónea aplicación de la ley o doctrina legal o jurisprudencia, y cual es la aplicable; o la forma y solemnidad violadas en el procedimieto o en la sentencia recurrida; o el error de hecho, defecto, exceso o contradicción, de dicha sentencia. Si declarara que ha habido omisión, falsa o errónea aplicación de la ley o doctrina legal o jurisprudencia, resolverá el caso con arreglo a la ley o doctrina legal o jurisprudencia cuya aplicación declare; si declarare que ha habido violación de la forma y solemnidades prescriptas para el procedimiento, declarará la nulidad de éste desde el acto anulado y ordenará devolver los autos al tribunal o juzgado de origen para continuar su sustanciación; y si declarare que ha habido error, defecto, exceso o contradicción, modificará o revocará la sentencia recurrida. Cuando la sentencia de la cual se ha recurrido decida sobre diversas pretensiones o personas, se reputará firme y podrá ser ejecutada respecto a las que no hubieren sido objeto de recurso o no lo hubieren interpuesto. En tal caso la ejecución se hará con testimonio de la parte pertinente de la sentencia. La denegatoria o rechazo definitivo del recurso no interrumpirá el término fijado en la sentencia para el cumplimiento de la misma.

Art. 30º.- Demanda y recurso de inconstitucionalidad. Procede como demanda en todos los casos en que los Poderes Legislativo y Ejecutivo, Municipales, Corporaciones o autoridades públicas de la Provincia dicten Leyes, Decretos, Ordenanzas, Reglamentos, Estatutos, Resoluciones o Disposiciones, que versen sobre la materia regida por la Constitución Provincial, y se invoque un agravio por privación o menoscabo material, moral o político, de derecho, garantía, exención o atribución, o su ejercicio, acordados por la Constitución Provincial o Nacional. La demanda deberá interponerse ante el Superior Tribunal dentro de los dos meses de la publicación oficial de la Ley, etc. o del día en que se haya pretendido aplicarlas al impugnante, salvo que ellos afecten derechos o garantías individuales, el régimen económico o financiero, o la organización institucional establecidos por la Constitución de la Provincia. Mencionará la ley, etc. que la motiva y la disposición constitucional que se estime violada, ajustándose en lo demás a lo dispuesto para la demanda en juicio ordinario. De la demanda se notificará y correrá traslado al Fiscal de Estado o el Representante de la Municipalidad o Corporación, según que el acto impugnado emane de Poder o autoridad de la Provincia o de Municipalidad o Corporación. En todo lo relacionado con el término para contestar la demanda, constitución de domicilio, declaración de la cuestión de puro derecho, apertura, ofrecimiento y producción de prueba y alegato sobre la misma, se aplicarán las normas establecidad en el Código de Procedimientos para juicios ordinarios. El Superior Tribunal deberá dictar sentencia dentro de los sesenta días de quedar la causa en estado. En ella, la declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad que corresponda y resolverá sobre las costas. Procede como recurso cuando en un litigio se haya cuestionado la constitucionalidad de una ley, etc. o invocado un título, derecho, garantía, exención o atribución otorgados por la Constitución Provincial o Nacional y la sentencia definitiva que resuelva el caso, en única o última instancia, lo haga en favor de la Ley, etc. o en contra del título, etc. invocados. En todo lo relacionado a la interposición y tramitación de este recurso se aplicará lo dispuesto para los de casación por inaplicabilidad de ley y revisión. La sentencia que resuelva la demanda o el recurso hará la declaración pertinente de constitucionalidad o inconstitucionalidad y su alcance y aplicación al caso.

Art. 31º.- Conflictos de competencia entre los Poderes Públicos. Las causas de competencia entre los Poderes Públicos de la Provincia y las que se susciten entre las Municipalidades y entre éstas y el Estado Provincial, serán resueltas por el Superior Tribunal en presencia de los antecedentes que le fueran remitidos, y previo dictámen del Procurador General. Deducida la querella, el Superior Tribunal requerirá del otro Poder o de la Municipalidad según sea el caso, la remisión de los antecedentes constitutivos del conflicto, los que serán remitidos dentro de cinco días a más tardar con prevención de que será resuelto con los presentados por el querellante. El Procurador General deberá expedirse dentro de tres días y el Superior Tribunal de Justicia resolverá dentro de diez, comunicándose la resolución a quienes corresponda, dentro de cuarenta y ocho horas.

Art. 32º.- Del juicio sucesorio.

1º.- Agregado como segunda parte del artículo 642 C.P.C. La propuesta de administrador, provisorio o definitivo, inventariador, tasador, y cualquier medida relacionada con el inventario, avalúo, custodia, administración o venta de bienes sucesorios, podrá ser solicitada con la iniciación del juicio y en cualquier estado del mismo antes de la declaratoria de herederos, desde que esté acreditado el vínculo del cónyuge supérstite, descendientes o ascendientes con derecho a la herencia. En tal caso el juez hará las designaciones y ordenará las medidas propuestas, salvo que constare la existencia de otros herederos en igual grado, mayor número y con derecho concurrente, y previa vista a los Ministerios Fiscal y Pupilar. Cuando hubiere conformidad entre todos los que intervienen en el juicio sucesorio respecto a los bienes hereditarios, se tendrá como inventario la declarción que hicieren de éstos, con especificación clara y precisa que los individualíce. También se tendrá por avalúo el que le asignen de común acuerdo, y sin perjuicio de los derechos del fisco respecto al valor que les deba asignar para el pago del impuesto a su transmisión.

2º.- Agregado al artículo 643 C.P.C., como inciso 3º. Cuando el causante formara parte de alguna sociedad, la intervención en los negocios o bienes sociales, como así en la liquidación o disolución se limitará a la representación contractual o legal de un representante.

3º.- Nueva disposición. Los acreedores no podrán promover el juicio sucesorio de su deudor hasta transcurridos treinta días del fallecimiento del causante, y siempre que sus créditos consten en intrumento público o privado atribuído al deudor, abonada la firma en la forma establecida para los embargos preventivos. Tampoco podrán promoverlo si los herederos diesen fianza bastante para asegurar el crédito o éste esté garantizdo con garantía real. La intervención de los acreedores cesará al presentarse algún heredero o representante de éste, salvo el caso de inacción manifiesta, para activar el procedimiento.

Art. 33º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese y archívese.

Sancionada en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Formosa, el veintiocho de octubre de mil novecientos sesenta y cuatro.

BENICIO LOPEZ PEREYRA/RAUL INOCENCIO VILLAGGI

Secretario/Presidente Nato

som.-

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