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Ley numero: 1223

Tema
REMATE Y MARTILLERO.Ejercicio de la Profesión del Martillero Público.
Autor
Dip. Esteban Ramirez
Incidencias
Texto

LEY Nº 1223

La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de Ley :

Artículo 1º.- Establécese que a partir de la presente, el ejercicio de la profesión de Martillero Público en todo el territorio provincial, sea para intervenir en asuntos judiciales o extrajudiciales, se regirá por esta ley y las disposiciones reglamentarias que en su consecuencia se dicten.

Art. 2º.- Para ser Martillero se requieren las siguientes condiciones habilitantes :

a) Ser mayor de edad y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del artículo siguiente :

b) Poseer título de enseñanza secundaria expedido o revalidado en la República con arreglo a las reglamentaciones vigentes;

c) Aprobar un examen de idoneidad para el ejercicio de la actividad, que se rendirá ante el Excelentísimo Superior Tribunal de la Provincia y/o la autoridad jurisdiccional en que este deligue tal facultad, quienes expedirán el certificado habilitante válido para todo el territorio provincial. El examen deberá versar sobre nociones básicas acerca de la compraventa civil y comercial y de derecho procesal en los aspectos pertinentes al ejercicio de la profesión. En los casos en que se presente título habilitante expedido por Universidad Nacional o Instituto Superior habilitado al efecto por las autoridades educativas de la Nación; no se requerirá de examen alguno;

d) Ser argentino nativo o por opción y tener domicilio real en la provincia de Formosa, acreditando además antecedentes de buena conducta y moralidad.

Art.3º.- Están inhabilitados para ser Martilleros :

a) Quienes no pueden ejercer el comercio ;

b) Los fallidos y concursados cuya conducta ha sido calificada como fraudulenta o culpable, hasta cinco (5) años después de su rehabilitación;

c) Los inhibidos para disponer de sus bienes;

d) Los condenados con accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos, y los condenados por hurto, robo, extorsión estafas y otras defraudaciones, usura, cohecho, malversación de caudales públicos y delitos contra la fe pública, hasta después de dos (2) años de cumplida la condena;

e) Los excluidos temporaria o definitivamente del ejercicio de la actividad por sanción disciplinaria;

f) Los comprendidos en el artículo 152 bis del Código Civil;

g) Los Martilleros que desempeñen cargos públicos, cuando las reparticiones en las que prestan servicios se hallen directa o indirectamente interesadas por la subasta a efectuarse.

Art. 4º.- Quien pretenda ejercer la actividad de Martillero en el territorio provincial deberá inscribirse en la matrícula correspondiente, para lo cual deberá cumplir los siguientes requisitos :

a) Poseer el certificado previsto en el artículo 2º;

b) Acreditar buena conducta;

c) Constituir domicilio especial en el radio de la sede de la circunscripción judicial en que vaya a desempeñarse;

d) Constituir una garantía real o personal a la orden y satisfacción del Excelentísimo Superior Tribunal de la Provincia.

Art. 5º.- El control y gobierno de la matrícula de Martillero estará a cargo del Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia de la Provincia o la autoridad jurisdiccional en la que el mismo los delegue, siendo facultad del mismo tanto la habilitación y contralor de la matrícula, como la aplicación de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar.

Art. 6º.- La autoridad que tenga a su cargo la matrícula ordenará la formación de legajos individuales para cada uno de los inscriptos, donde constarán los datos personales y de inscripción, y todo lo que produzca modificaciones en los mismos. Dichos legajos serán públicos.

Art. 7º.- La garantía a que se refiere el artículo 4º, inciso d) es inembargable y responderá exclusivamente al pago de los daños y perjuicios que causare la actividad del matriculado, al de las sumas de que fuere declarado responsable y al de las multas que se lo aplicaren, debiendo en tales supuestos el interesado proceder a la reposición inmediata a la garantía, bajo apercibimiento de suspensión de la matrícula.

Art. 8º.- Los empleados públicos aunque estuvieren matriculados como Martilleros, tendrán incompatibilidad, salvo disposiciones de leyes especiales, para efectuar remates ordenados por la rama del Poder o Administración de la cual formen parte.

Art. 9º.- Son facultades de los Martilleros:

a) Efectuar ventas en remate público de cualquier clase de bienes, excepto las limitaciones resultantes de leyes especiales;

b) Informar sobre el valor venal o de mercado de los bienes para cuyo remate los faculta esta ley;

c) Recabar directamente de las oficinas públicas y bancos oficiales y particulares, los informes o certificados necesarios para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 10 de la presente; requerir directamente ante el Juez la aprobación de la subasta efectuada y practicar todas las notificaciones y diligencias derivadas de la realización de ese acto;

d) Solicitar de las autoridades competentes las medidas necesarias para garantizar el normal desarrollo del acto de remate.

Art. 10.- Sin perjuicio de la estricta observancia de las reglas establecidas en el Código de Comercio, y en las leyes y reglamentos nacionales, provinciales y municipales; se considerarán en especial obligaciones de los Martilleros:

a) Llevar los libros obligatorios que establece la presente;

b) Comprobar la existencia de los títulos invocados por el legitimado para disponer del bien a rematar. En caso de remate de inmuebles, deberán también constatar las condiciones de dominio de los mismos;

c) Convenir por escrito con el legitimado para disponer del bien, los gastos del remate y la forma de satisfacerlos, condiciones de venta, lugar de remate, modalidades del pago del precio y demás instrucciones relativas al acto, debiéndose dejar expresa constancia en los casos en que el Martillero queda autorizado para suscribir el instrumento que documenta la venta en nombre de aquél;

d) Anunciar los remates con la publicidad necesaria, debiendo indicar en todos los casos su nombre, domicilio especial y matrícula, fecha, hora y lugar del remate y descripción y estado del bien y sus condiciones de dominio. En caso de remates realizados por sociedades, deberán indicarse además, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio cuando se trate de remates de lotes en cuotas o ubicados en pueblos en formación, los planos deberán tener constancia de su mensura por autoridad competente y de la distancia existente entre la fracción a rematar y las estaciones ferroviarias y rutas nacionales o provinciales, más próximas. Se indicará el tipo de pavimento, obras de desagüe y saneamiento y servicios públicos si existieran;

e) Realizar el remate en la fecha, hora y lugar señalados, colocando en lugar visible una bandera con su nombre, y en su caso, el nombre, denominación o razón social de las sociedad a la que pertenezcan;

f) Explicar en voz alta, antes de comenzar el remate, en idioma nacional y con precisión y claridad los caracteres, condiciones legales, cualidades del bien y gravámenes que pesaren sobre el mismo;

g) Aceptar la postura solamente cuando se efectuare de viva voz, de lo contrario la misma será ineficaz;

h) Suscribir con los contratantes y previa comprobación de identidad, el instrumento que documenta la venta, en el que constarán los derechos y obligaciones de las partes en tres (3) ejemplares y deberá ser debidamente sellado, quedando uno de ellos en poder del Martillero. Cuando se trate de bienes muebles cuya posesión sea dada al comprador en el mismo acto, y ésta fuera suficiente para la transmisión de la propiedad bastará el recibo respectivo;

i) Exigir y percibir del adquirente, en dinero efectivo, el importe de la seña o cuenta del precio, en la proporción fijada en la publicidad, y otorgar los recibos correspondientes;

j) Efectuar la rendición de cuentas documentada y entregar el saldo resultante dentro del plazo de cinco (5) días, salvo convención en contrario, incurriendo en pérdida de la comisión en caso de no hacerlo;

k) Conservar, si correspondiere, las muestras, certificados e informes relativos a los bienes que remate hasta el momento de la transmisión definitiva del dominio;

l) Prestar sus servicios profesionales cada vez que fuere requerido al efecto, siempre que la intervención pedida fuera legal y no existiere justa causa para la negativa; mantener el secreto profesional, y exhibir sus credenciales y probar su identidad en el momento de serle requerido por cualquier autoridad judicial, policial o municipal, con relación a algún acto de su oficio. La misma obligación tendrá ante otro Martillero que le exhiba su credencial y documento de identidad. En general, cumplimentar las demás obligaciones establecidas por las leyes y reglamentaciones vigentes;

m) En los casos de subastas ordenadas en procesos judiciales y sin perjuicio del cumplimiento de los deberes precedentemente mencionados; el Martilllero se hallará obligado especialmente al cumplimiento de la totalidad de los requisitos, condiciones, plazos y demás normas establecidas en el Código de Procedimientos aplicable, ciñéndose en todo momento a las ordenes y resoluciones emanadas del Juez competente, a quien podrá requerir todas las medidas que estime necesarias para cumplir su cometido y obtener luego su aprobación. En todo caso deberá labrar acta detallada del remate, con indicación de: lugar, día y hora, objetos subastados, nombre de los compradores, precio y demás circunstancias tendientes a determinar el desarrollo y resultado del remate. El acta será suscripta por el martillero y dos testigos que no tengan con el relación de dependencia. Si el remate fracasre por falta de postores, se labrará acta explicando dicha circunstancia, con las mismas formalidades. Deberá además realizar personalmente la subasta que se le encomienda y utilizar, cuando correspondiere, boletas numeradas correlativamente de uno en adelante, de acuerdo con los lotes a vender, cuyo original será entregado al comprador, el duplicado acompañado de las actuaciones judiciales a disposición de las partes y el triplicado retenido por el Martillero.

Art. 11.- Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la presente ley cuando los Martilleros ejerciten su actividad no hallándose presente el dueño de los efectos que hubieren de venderse, será reputados en cuanto a sus derechos y obligaciones, consignatarios sujetos a las disposiciones de los artículos aplicables del Código de Comercio de la Nación Argentina.

Art. 12.- El Martillero tiene derecho a :

a) Cobrar una comisión conforme a los aranceles que fija la presente, salvo los Martilleros dependientes, contratados o adscriptos a empresas de remate o consignaciones que reciban por sus servicios las sumas que se convengan, pudiendo estipularse también la comisión de garantía en los términos del artículo 256 del Código de Comercio;

b) Percibir del vendedor o quien resulte responsable por los mismos, el reintegro de los gastos del remate, convenidos y/o realizados.

Art. 13.- En los casos en que iniciada la tramitación del remate, el Martillero no lo llevare a cabo por causas que no le fueren imputables, tendrá derecho a percibir la comisión que determine el Juez de acuerdo con la importancia del trabajo realizado y según las escalas que fija la presente, con más los gastos que hubiere efectuado; no pudiendo en ningún caso regularse un monto inferior al cincuenta por ciento (50%) de la comisión que hubiere correspondido en caso de efectivizarse la subasta. Igual derecho tendrá en relación a los gastos si el remate fracasare por falta de postores.

En los casos de subasta ordenadas en proceso judicial y si el remate fracasare por falta de postores, además del reintegro de gastos; una vez efectivizada la subasta el Martillero tendrá derecho a que el Juez meritúe la duplicación de labor y eleve hasta en un cincuenta por ciento (50%) el monto de los honorarios finales que regule.

En los casos de subastas extrajudiciales, la comisión para el caso de falta de postores se fijará por convenio previo entre partes, a falta del mismo o acuerdo posterior, los fijará el Juez en procedimiento sumarísimo o asimilable.

El Juez no dará curso a ninguna petición de suspensión de la subasta sin que previamente el peticionante preste fianza suficiente de responder a los gastos y honorarios del martillero, salvo que la suspensión hubiere sido causada por el propio Martillero, o el mismo prestare conformidad expresa para el acto. Igual criterio regirá en los juicios de tercerías que provocaren la suspensión de una subasta, luego de que haya sido publicados los edictos correspondientes; y en los casos de suspensión ordenada por otro Juez o Tribunal, en cuyo caso el solicitante, deberá depositar el monto o prestar fianza requerida ante el Juez que ordena la suspensión el que transferirá la caución al Juez de la ejecución, quién no podrá dar otro destino a dichos fondos.

En todos los casos de suspensión de trámite de ejecución o de subasta, la base económica para la regulación de los honorarios del Martillero se tomará de la plantilla actualizada del juicio, no pudiendo en ningún caso ser menor al equivalente de cuatro (4) Jus.

Art. 14.- La comisión se determinará sobre la base del precio efectivamente obtenido. Si la venta no se llevare a cabo la comisión se determinará según las reglas establecidas en el artículo precedente, salvo que la base se hubiere convenido entre partes, en los casos en que tales convenios proceda. A falta de planillas actualizadas, base o convenio particular se estará al valor de plaza en la época prevista para el remate.

Los martilleros percibirán en concepto de comisión, las sumas que resulten de la aplicación de la siguiente escala mínima o base :

1) Remates Judiciales y/o Administrativos decretados por Instituciones Bancarias o Financieras a cargo del comprador únicamente :

a) Bienes inmuebles : el 6%.

b) I : Bienes muebles en general : el 10%;

II : Valores mobiliarios, títulos y acciones, el 10%;

III: Semovientes: Vacunos el 6%, Reproductores, lanares, caprinos, porcinos, y yeguarizos y aves: el 10%;

IV: Automotores en general y acoplados: el 10%;

V: Tractores e implementos y maquinarias agrícolas: el 10%.

2) Remates Extrajudiciales o Ventas particulares:

a) Bienes inmuebles: el 3% a cada parte.

b) I: Bienes muebles en general, a cargo del comprador, el 10%;

II: Valores mobiliarios, títulos y acciones el 5% a cada parte;

III : Semovientes: Vacunos, el 4% a cada parte; lanares, reproductores, caprinos, porcinos, yeguarizos el 5% a cada parte, aves el 6% a cada parte ;

IV : Automotores en general y acoplados el 5% a cada parte;

V : Tractores, implementos y máquinas agrícolas el 5% a cargo parte;

VI : Remates y/o Ventas en Ferias y/o Exposiciones : Vacunos el 2% a cada parte, reproductores, lanares, caprinos, porcinos y yeguarizos el 3% a cada parte, aves el 5% a cada parte;

VII : Minerales, derivados y subproductos el 10% al comprador.

3) Fondo de Comercio (Ley 11867), establecimientos agropecuarios e industriales en bloques incluido inventario general, el 3% a cada parte.

4) Tasaciones, pericias, valuaciones sean judiciales, oficiales o particulares :

a) Bienes Inmuebles : el 1% sobre el valor tasado;

b) Bienes muebles : el 2% sobre el valor del bien tasado.

La Comisión por subasta se fijará sobre el precio obtenido, o del valor de la base de subasta fijada o pactada, o del valor de plaza del bien según corresponda.

Las partes podrán pactar o el Juez fijar porcentajes mayores a los establecidos en el presente artículo cuando especiales circunstancias así lo aconsejaran.

Las regulaciones de honorarios de Martilleros efectuadas en subastas judiciales o extrajudiciales, serán apelables tanto por el Martillero, como por el obligado al pago.-

En los remates judiciales y oficiales; no procederá el levantamiento de embargo sobre los bienes destinados a subasta, hasta tanto no sean satisfechos la totalidad de gastos y honorarios devengados con la ejecución, salvo conformidad expresa prestada por el Martillero o los abogados y demás profesionales intervinientes, en su caso. Tales bienes garantizarán el pago de los honorarios de la causa; hayan sido o no embargados con anterioridad para tal fin.

Art. 15.- Si el remate se anulare por causas no imputables al Martillero, éste tiene derecho al pago de la comisión que le corresponda, que estará a cargo de la parte que causó la nulidad. El Martillero por cuya culpa se suspendiere o anulare un remate, perderá su derecho a cobrar la comisión y a que se le reintegren los gastos, y responderá por los daños y perjuicios ocasionados.

Art. 16.- Los Martilleros pueden constituir sociedades de cualesquiera de los tipos previstos en el Código de Comercio, excepto cooperativas, con el objeto de realizar exclusivamente actos de remate. En este caso cada uno de los integrantes de la sociedad deberá constituir la garantía especificada en el artículo 4°, inciso d).

Art. 17.- En las sociedades que tengan por objeto la realización de actos de remate, el Martillero que lo lleve a cabo y los administradores o miembros del directorio de la sociedad, serán responsables ilimitada, solidaria y conjuntamente con esta por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse como consecuencia del acto de remate. Estas sociedades deben efectuar los remates por intermedio de Martilleros matriculados, e inscribirse en registros especiales que llevará el organismo que tenga a su cargo la matrícula.

Art. 18.- Los Martilleros y las sociedades a que se refiere el artículo 16 deben llevar los siguientes libros, rubricados por el Registro Público de Comercio de la jurisdicción:

a) Diario de entradas, donde asentarán los bienes que recibieren para su venta, con indicación de las especificaciones necesarias para su debida identificación, el nombre y apellido de quien confiere el encargo, por cuenta de quien han de ser vendidos y las condiciones de su enajenación;

b) Diario de salidas, en el que se mencionarán día por día las ventas, indicando por cuenta de quien se han efectuado, quien ha resultado comprador, precio y condiciones de pago y demás especificaciones que se estimen necesarias;

c) De cuentas de gestión, que documente las realizadas entre el Martillero y cada uno de sus comitentes.

El presente artículo no es aplicable a los Martilleros dependientes, contratados o adscriptos a empresas de remates o consignaciones.

Quedan comprendidas en la obligatoriedad de anotación, las subastas practicadas en procesos judiciales, y las que fracasen por las causas que fueren.

Art. 19.- Los Martilleros deben archivar por orden cronológico un ejemplar de los documentos que se extiendan con su intervención, en las operaciones que se realicen por su intermedio.

Art. 20.- Se prohibe a los Martilleros:

a) Tener participación en el precio que se obtenga en el remate a su cargo, no pudiendo celebrar convenios por diferencias a su favor, o de terceras personas;

b) Ceder, alquilar o facilitar su bandera, ni delegar o permitir que bajo su nombre o el de la sociedad a que pertenezca, se efectúen remates por personas no matriculadas. En caso de ausencia, enfermedad o impedimento grave del Martillero, debidamente comprobados ante la autoridad que tenga a su cargo la matricula, aquel podrá delegar el remate a otro matriculado, sin previo aviso; salvo caso de remates ordenados en sede judicial, en cuyo caso, se estará siempre a lo que disponga el Juez interviniente;

c) Comprar por cuenta de terceros, directa o indirectamente, los bienes cuya venta se les hubiere encomendado;

d) Comprar para si los mismos bienes, o adjudicarlos a aceptar posturas sobre ellos, respecto de su cónyuge o parientes dentro del segundo grado, socios, habilitados o empleados;

e) Suscribir el instrumento que documenta la venta, sin autorización expresa del legitimado para disponer del bien a rematar;

f) Retener el precio recibido o parte de él, en lo que exceda del monto de los gastos convenidos y de la comisión que le corresponda;

g) Utilizar en cualquier forma las palabras "judicial", "oficial" o "municipal", cuando el remate no tuviera tal carácter, o cualquier otro termino o expresión que induzca a engaño o confusión;

h) Aceptar ofertas bajo sobre y mencionar su admisión en la publicidad, salvo caso de leyes que así lo autoricen.

i) Suspender los remates existiendo posturas, salvo que habiéndose fijado base, la misma no se alcance.

Art. 21.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente y/o la realización de los actos que la misma prohibe, harán pasible al Martillero de sanciones que podrán ser multa, suspensión de la matricula de hasta dos (2) años y su cancelación. La determinación, aplicación y graduación de estas sanciones, estarán a cargo del Excelentísimo Superior Tribunal o de la autoridad que tenga a su cargo la matricula por delegación del mismo; en este ultimo caso las sanciones serán apelables por ante el Excelentísimo Tribunal. Las sanciones que se apliquen serán anotadas en el legajo individual del Martillero previsto en el artículo 6°.

Art. 22.- Ninguna persona podrá anunciar o realizar remates sin estar matriculada en las condiciones previstas en el artículo 2° quienes infrinjan esta norma serán reprimidos con la multa que fije el organismo jurisdiccional que tenga a su cargo la matricula, el que además deberá disponer la clausura del local u oficina respectiva; todo ello sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera corresponder. El organismo mencionado, de oficio o por denuncia de terceros, procederá a allanar con auxilio de la fuerza publica los domicilios donde se presuma que se cometen las infracciones antes mencionadas, y comprobadas que ellas sean , aplicará las sanciones previstas, sin perjuicio de las denuncias de carácter penal, si correspondieran.

Las sanciones de multa y clausura serán apelables en el caso y forma previstos en el artículo precedente.

Art. 23.- Los Martilleros que a la fecha de vigencia de esta ley estuvieren matriculados, continuarán en el ejercicio de su actividad, debiendo cumplir en el plazo de noventa (90) días corridos con los requisitos y exigencias prescriptos por la presente.

Art. 24.- Hasta tanto se determine el organismo judicial que tendrá a su cargo la matricula de Martilleros, la misma corresponderá al Excelentísimo Superior Tribunal de la Provincia de Formosa.

Art. 25.- La presente ley empezará a regir a partir del 1° de diciembre de 1996. A partir de esa fecha se aplicara a todos los actos que regula aun cuando se hubieren iniciado con anterioridad. Respecto de la escala de honorarios que se fija por la presente; la misma se aplicara a todos los casos en que no exista pacto escrito anterior o sentencia regulatoria de honorarios. En todo lo que no se encuentre expresamente previsto por la presente y siempre que resultare compatible, se aplicará el Código de Comercio de la Nación; el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Provincia de Formosa, y la Ley de Honorarios Profesionales para Abogados y Procuradores de la Provincia.

Art. 26.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese y archívese.

Sancionada en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Formosa, el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis.

VIRGILIO LIDER MORILLA/JOSE MIGUEL ANGEL MAYANS

Secretario Legislativo/Presidente Provisional

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