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Ley numero: 1095

Tema
PODER JUDICIAL- Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados y funcionarios judiciales
Autor
Superior Tribunal de Justicia.
Incidencias
R.L. 872 y R.L. 965
Texto

LEY N° 1095

La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de Ley:

Artículo 1º.- El enjuiciamiento de los magistrados y funcionarios judiciales, conforme al artículo 172 de la Constitución Provincial, se regirá por la presente ley.

Art. 2º.- El Jurado que tendrá a su cargo el enjuiciamiento estará integrado conforme a lo previsto en el artículo 172 de la Constitución Provincial.

Al comienzo de cada año judicial, el Consejo Profesional de la Abogacía confeccionará la lista de abogados de la matrícula, con residencia efectiva en la Provincia y que reúnan las condiciones que establece el artículo 162 de la Constitución Provincial, de los cuales se sortearán, en cada caso que sea necesario, los dos que correspondan para la integración del Jurado. El sorteo será efectuado por el Superior Tribunal de Justicia, de la lista confeccionada en los términos del presente artículo.

La Honorable Legislatura Provincial, deberá designar en el primer mes de sesiones ordinarias, y respetando la composición que establece el artículo 172 de la Constitución Provincial, a los tres diputados titulares y tres suplentes que deban integrar los Jurados de Enjuiciamiento que se formen durante ese año. Esta integración tendrá también validez durante el período del receso legislativo subsiguiente.

Art. 3º.- Ante el Jurado de Enjuiciamiento actuará como Fiscal, el Procurador General del Superior Tribunal de Justicia. Si éste fuera recusado, se excusare o por cualquier otro motivo se encontrare impedido de intervenir, será reemplazado por su Subrogante legal. En caso de ser necesario un Defensor Oficial, lo será el Defensor Oficial de Cámara.

Art. 4º.- Actuará como Secretario del Jurado, aquel del Superior Tribuanal de Justicia que designe el Presidente del Jurado, quien deberá afectar asimismo el personal judicial que considere necesario para el buen funcionamiento del Jurado. Los empleados afectados al Jurado percibirán por tal motivo un adicional equivalente al treinta por ciento (30%) de su remuneración mensual habitual.

Art. 5º.- Si el Presidente del Superior Tribunal de Justicia se encontrare impedido, fuera recusado o se excusare, será reemplazado por su subrogante legal.

Art. 6º.- El Jurado tendrá su asiento en la ciudad capital de la Provincia.

Art. 7º.- El Presidente del Jurado de Enjuiciamiento será el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, aunque se hubiera renovado dicha Presidencia e intervendrá en las causas que se inicien hasta la total terminación de las mismas. Del mismo modo, una vez iniciada la etapa oral y pública del juicio, los legisladores intervendrán hasta la finalización del mismo y participarán en el dictado de la sentencia correspondiente, salvo que cesen en sus mandatos, en cuyo caso deberán ser reemplazados por sus suplentes. Los abogados sorteados intervendrán hasta el dictado de la sentencia.

Art. 8º.- Si el Fiscal de Estado se encontrare impedido, fuere recusado o se excusare, será reemplazado por quien le corresponda subrogarlo de acuerdo con la organización interna de la Fiscalía de Estado.

Art. 9º.- El ser miembro del Jurado de enjuiciamiento es irrenunciable y constituye una carga pública, al igual que la función de Secretario del Jurado, no da derechos a remuneración, adicional u honorarios.

La excusación para integrar el jurado, deberá fundarse en las causales previstas en el artículo 48 del Código de Procedimientos en materia Penal, y serán resueltas por el propio Jurado en la primera audiencia.

La negativa infundada a integrarlo o ausencias injustificadas a sus deliberaciones será penada con una multa de hasta el veinte por ciento (20%) por cada inasistencia, calculada sobre la remuneración regular y permanente percibida por un Ministro del Superior Tribunal de Justicia.

Art. 10.- Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento, el Procurador General que actúe como Fiscal y el Secretario del Jurado podrán ser recusados. Son causales de recusación las mencionadas en el artículo 48 del Código de Procedimiento en materia Penal, no admitiéndole como tales las deducidas contra miembros del Poder Legislativo y del Poder Judicial, por el hecho de haber sido los denunciantes y deberán plantearse en la primera presentación que efectúe el denunciado.

Art. 11.- Deducida la recusación, será resuelta por los miembros del Jurado que no se encuentren comprendidos en ella, previa vista al o a los recusados, pudiendo abrir a prueba el incidente de recusación, si lo considera necesario.

Art. 12.- Promovida la recusación, el Jurado tendrá diez (10) días hábiles para resolver, paralizándose en el interín las actuaciones del principal. Si la causa invocada fuera manifiestamente inadmisible, el recusante podrá ser multado de conformidad al artículo 9º in-fine de esta ley.

Art. 13.- Toda persona capaz podrá denunciar a un magistrado o funcionario judicial, ante el Superior Tribunal de Justicia, por existir una causal de remoción prevista en los artículos 172 y 173 de la Constitución Provincial.

Art. 14.- Si hubiere más de una denuncia contra un magistrado o funcionario judicial, se acumularán y sustanciarán conjuntamente, si su estado lo permite.

Art. 15.- La denuncia será presentada por escrito, con firma de letrado, ante la Secretaría Administrativa del Superior Tribunal de Justicia.

Deberá contener los datos personales, domicilio real y constituido, relación clara y precisa de los hechos en que se funda, mención de la causa legal de remoción, deberá indicar la prueba en que se funda, la cual, en su caso, deberá presentar en el mismo acto si estuviere en su poder.

Art. 16.- El Presidente del Superior Tribunal de Justicia hará ratificar en su presencia y en el término de veinticuatro (24) horas la denuncia formulada.

Si no fuere ratificada o el denunciante no compareciere, habiendo sido notificado en legal forma, se tendrá a la denuncia por no formulada y se dispondrá su archivo.

Art. 17.- Ratificada la denuncia, se dará vista de la misma al señor Procurador General por el término de tres (3) días, quien podrá solicitar en su caso ampliación de la denuncia, aclaración de conceptos de la misma o señalar su manifiesta inadmisibilidad.

Si encontrare mérito para la denuncia, podrá solicitar medidas preliminares de prueba.

Art. 18.- Producido el dictamen de Procurador General, el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, convocará a los miembros del Jurado, dentro del término de quince días, quienes evaluarán los términos de la denuncia y las medidas propicias por el Procurador General.

Si se desestimare la denuncia por infundada o maliciosa, podrá aplicarse al denunciante una multa de hasta el veinte por ciento (20%) de la remuneración calculada en la misma forma que el artículo 9º, la cual será soportada solidariamente con el letrado patrocinante.

Si para un mejor comprensión de la denuncia, fuere necesario realizar medidas preliminares de prueba o así lo hubiese solicitado el Procurador General, las mismas deberán disponerse taxativamente por el Jurado y diligenciarse por el Presidente en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días, sin perjuicio de las prórrogas que autorice el Jurado cuando circunstancias extraordinarias así lo determinen.

Art. 19.- Las medidas preliminares de prueba previstas en el artículo anterior, no tendrán limitación en cuanto a su naturaleza y modo de producción, pero en todos los casos deberán notificarse al denunciado y al Procurador General, al solo efecto de tomar conocimiento de las mismas.

Art. 20.- Cumplimentadas las medidas previstas en el artículo anterior, y si en función de su resultado, se decidiese dar curso a la denuncia promovida, el magistrado o funcionario denunciado quedará suspendido en el cargo mientras dure la tramitación del juicio. La suspensión en el cargo no implica el cese en el pago de su remuneración. En caso de necesidad, podrá el Jurado tomar contra el acusado las medidas de seguridad que estime necesarias.

Art. 21.- Si se hiciere lugar a la formación de causa, se dara vista al Fiscal, quien podrá formular acusación y ofrecer la prueba en el término de diez (10) días, pudiendo prorrogarse el término por cinco (5) días más.

Art. 22.- En todos los casos, las pruebas producidas en función de lo autorizado por los artículos 18 y 19, deberán ratificarse en el Plenario.

Art. 23.- En el caso de no formular acusación, el Jurado precederá al sobreseimiento de la causa y el archivo de las actuaciones.

Art. 24.- Si la denuncia comprendiera más de un hecho, y el Procurador General acusare sólo por uno de ellos, se proseguirá la causa en función del hecho por el que se acusa.

Art. 25.- De la acusación fiscal se dará traslado al denunciado por igual término y con similar derecho a la misma prórroga, a fin de que conteste los cargos y ofrezca las pruebas. Si éste no compareciere o compareciendo se negare a evacuar el traslado correspondiente, se designará un Defensor Oficial en los términos del artículo 3º, y a partir de la aceptación del cargo se computarán los términos que se aluden en el presente artículo.

Art. 26.- Cumplidos los trámites de contestación y ofrecimiento de pruebas para el debate, el Presidente del Jurado dictará en un plazo no mayor de cinco (5) días la correspondiente providencia de pruebas.

Art. 27.- El Presidente podrá practicar de oficio, con citación de los interesados o a petición de éstos, las diligencias que fueran imposibles cumplir en la audiencia de debate y recibir las declaraciones o informes de las personas que no puedan presumiblemente concurrir al juicio oral. Para ello dispondrá de un plazo de hasta veinte (20) días.

Art. 28.- Las personas que se hallen comprendidas en el artículo 227 del Código de Procedimientos en materia Penal, podrán declarar mediante oficio, bajo juramento, salvo que decidan comparecer personalmente, renunciado a dicha prerrogativa. En caso de declarar mediante oficio, el mismo deberá estar completamente diligenciado dentro del plazo previsto en el artículo 27 de esta ley.

Art. 29.- Practicadas las actuaciones previas, el Presidente del Jurado fijará día y hora para el debate, cuya iniciación deberá tener lugar en un plazo no mayor de diez (10) días, ordenando la citación de las personas que deban intervenir como peritos o testigos, bajo apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública.

El magistrado o funcionario acusado podrá ser defendido por uno o más letrados pero la incomparecencia de éstos no postergará ni suspenderá el juicio.

Art. 30.- El debate será oral y público. Sin embargo el Jurado resolverá aún de oficio, que total o parcialmente tenga lugar a puertas cerradas, cuando así convenga por razones de moralidad u orden público. Esta disposición no rige para los abogados inscriptos en la matrícula, quienes podrán concurrir a la sala aunque el juicio tenga lugar a puertas cerradas.

El juicio continuará en audiencia diarias hasta su terminación, pudiendo suspenderse por un término no mayor de diez (10) días, cuando circunstancias extraordinarias impidan su normal desarrollo o hagan necesarias alguna diligencia exterior.

El Presidente dirigirá el debate, ejercerá en las audiencias el poder de policía y disciplinario, pudiendo expulsar al infractor y aplicarle una multa cuyo cálculo se efectuará conforme al artículo 9º in-fine, no admitiéndoselo más en la Sala. La expulsión de la Sala y no admisión futura del infractor, no podrá adoptarse contra los defensores del acusado.

Art. 31.- Abierto el debate, se dará lectura de la acusación fiscal y de la defensa del imputado. Inmediatamente después y en un sólo acto serán tratadas y resueltas todas las cuestiones preliminares o incidentales, salvo que el Jurado resuelva hacerlo posteriormente, difiriendo su tratamiento de acuerdo convenga con el orden del proceso. La resolución que se dicte será leída en la audiencia e incluída en el acta.

Art. 32.- Concluido el debate indicado en el artículo anterior el Presidente hará leer la parte sustancial de la prueba que no se reciba en la audiencia.

Posteriormente procederá el examen de los testigos y peritos, y por último, del imputado. Puede disponer los cargos que sean necesarios.

Con la venia del Presidente, los vocales pueden hacerlos los defensores y el Fiscal.

El Presidente puede rechazar las preguntas sugestivas o capciosas, medida que puede recurrirse ante los demás integrantes del Jurado, que deben resolver en el mismo acto.

Art. 33.- Si del debate resultare un hecho no mencionado en la acusación, el Fiscal podrá ampliarla. En tal caso, el Presidente informará al acusado que tiene derecho a pedir la suspensión de la audiencia a efectos de preparar su defensa y ofrecer pruebas.

Cuando este derecho sea ejercida, el Jurado suspenderá el debate por un término que fijará prudencialmente, el cual no podrá exceder de quince (15) días.

Art. 34.- Terminada la recepción de las pruebas, el Presidente concederá la palabra exclusivamente al Fiscal y a la Defensa, pudiendo replicarse por una sola vez. En último término el Presidente preguntará al acusado si tiene algo más que manifieste y una vez oído cerrará el debate.

Art. 35.- El Secretario labrará acta del debate sobre la base de la versión taquigráfica o fonoeléctrica. Firmarán todos los intervinientes. Si el acusado no quisiere hacerlo, el Secretario dejará constancia. Si por la voluminosidad de las actas, no pudieren firmarse las actas en el mismo acto de finalización del debate, se convocará por Presidencia a una audiencia a ese sólo efecto.

Art. 36.- Si el Jurado estimase de absoluta necesidad la recepción de nuevas pruebas o la ampliación de las recibidas, podrá ordenar que el debate se reanude con ese fin y la discusión quedará limitada al examen de aquéllas. El Jurado podrá disponer de oficio las medidas para mejor proveer que estime pertinentes, previa notificación a las partes.

Art. 37.- El Jurado sesionará siempre que tuviere quorum para ello, es decir, con un mínimo de cuatro (4) miembros, salvo para el desarrollo del debate y dictado de la sentencia, donde deberá estar integrado por la totalidad de sus miembros. Los pronunciamientos se adoptan por mayoría de sus miembros presentes.

Art. 38.- El Jurado deliberará en sesión secreta y apreciará las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, pero indicando pormenorizadamente los elementos de juicio en que se funda.

La sentencia será dictada en un término no mayor de quince (15) días corridos. Si algun miembro desea adherirse a algun voto precedente, deberá igualmente indicar de juicio en que se funda.

De acuerdo con el voto de la mayoría, se redactará la sentencia y se decidirán las demás cuestiones planteadas y que se hubiesen postergado hasta el dictado de fallo. Deberá ser firmada por todos los miembros, con aclaración de aquellos que efectúen desidencias totales o parciales.

Art. 39.- Una vez redactada y firmada la sentencia, se convocará a las partes para su íntegra lectura en sesión pública. Si la sentencia fuera condenatoria. No tendrá otro efecto que disponer la remoción del enjuiciado, pudiendo el Jurado declarle incapaz de ocupar cargo alguno de honor o a suelo de la Provincia, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o criminales a que hubiere lugar.

Esta inhabilitación no podrá exceder de un plazo máximo de diez (10) años.

Si la destitución se fundare en hechos que pudieren constituir delitos de acción pública se dará intervención a la justicia ordinaria.

Si fuese absolutoria, el Juez o funcionario se reintegrará inmediatamente a sus funciones.

Art. 40.- Contra el fallo sólo puede interponerse recurso de aclaratoria, dentro de las veinticuatro (24) horas de notificado sin perjuicio de los recursos extraordinarios que correspondieren. La lectura del fallo en oportunidad prevista en el artículo anterior, se considera formal notificación.

Art. 41.- Todo traslado, vista, resolución o dictamen fiscal que no tenga plazo específico,deberá producirse en el término de cinco (5) días hábiles.

Art. 42.- Son aplicables supletoriamente las normas del Código de Procedimientos en materia Penal.

Art. 43.- En ningún caso el juicio podrá durar más de cinco (5) meses, a contar desde que se decidió dar curso a la denuncia. En los períodos de ferias judiciales decretadas por el Superior Tribunal de Justicia, dicho término se suspenderá.

Si transcurrido los cinco meses que se prevé en el presente artículo, no hubiere sentencia definitiva, se decretará la caducidad del trámite, y quedará absuelto el acusado.

En el supuesto del artículo 32, dicho plazo se prorrogará por el término que dure la suspensión dispuesta por el Jurado.

Art. 44.- Todas las providencias o resoluciones de mero trámite que fueren dictadas por el Presidente, serán susceptibles de ser recurridas en reconsideración ante el Jurado.

Art. 45.- El fallo del Jurado deberá comunicarse al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial y publicarse en el Boletín Oficial. Del mismo modo, puede ordenarse su publicación íntegra en diarios de circulación en la Provincia, o de sus partes pertinentes.

Art. 46.- La ley de presupuesto en el anexo correspondiente al Poder Judicial autorizará una partida destinada a solventar cualquier gasto que origine el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento. Su monto será entregado por la Tesorería de la Provincia e ingresado en una cuenta especial individualizada por el número de esta ley, a la orden del Presidente y el Secretario del Superior Tribunal de Justicia. En la misma cuenta se depositará el importe de las multas que aplique el Jurado.

Art. 47.- Derógase toda norma que se oponga a la presente.

Art. 48.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese y archívese.

Sancionada en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Formosa, el dos de junio de mil novecientos noventa cuatro.-

VIRGILIO LÍDER MORILLA/JOSÉ MIGUEL ANGEL MAYANS

Secretario Legislativo/Presidente Provisional

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