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Ley numero: 1065

Tema
Crear con carácter de Autónomo y Permanente, la Defensoría del Pueblo, según lo preceptúa el art. 150 de la constitución Provincial.-
Autor
Dips. Ciarlantini, Juan Carlos; Bortolozzi de Bogado, Adriana y Parmetler, Humberto.-
Incidencias
-D. 1766 Texto Ordenado B.O. 5642- -L. 1365. Registro de Deudores Alimentarios en Mora.(B.O.6993 del 14/09/01)
Texto

LEY Nº 1065

TEXTO ORDENADO DE LA LEY Nº 1065

TITULO I - CREACIÓN Y COMPETENCIA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.

CAPITULO 1 - Carácter, elección, ámbito y condiciones del Defensor del Pueblo.

ARTICULO lº: Créase, con carácter autónomo y permanente la Defensoría del Pueblo,según lo preceptúa la Constitución Provincial. Su titular será el Defensor del Pueblo, quien será designado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150º de la Constitución de la Provincia de Formosa, y deberá prestar juramento ante el Presidente de la Legislatura Provincial, de desempeñar debidamente el cargo, y de obrar en un todo de conformidad con lo que prescribe la presente ley, la Constitución Provincial y la de la Nación Argentina.

ARTICULO 2º: A los efectos de la presente ley, entiéndese por Administración Pública Provincial, a los organismos públicos centralizados y descentralizados, autárquicos, sociedades y empresas estatales, con participación estatal, mayoritaria o minoritaria, de economía mixta y todo otro organismo del estado, cualquiera fuere su naturaleza jurídica,denominación, ley especial que pudiere regirlo.

ARTICULO 3º: Además de las competencias establecidas en esta ley, el Defensor del Pueblo tendrá atribuciones para actuar, respecto de toda organización,empresa, grupos o personas que brindaran servicios públicos,o realicen actividades de tipo monopólico,aún cuando fueren privadas.

ARTICULO 4º: Facúltase a la Defensoría del Pueblo a derivar las quejas formuladas contra personas, entidades, organismos; hechos u omisiones; que estuvieren fuera de su competencia, ante la autoridad correspondiente notificando al interesado.

ARTICULO 5º: Para ser nombrado en el cargo de Defensor del Pueblo, requiérense los mismos requisitos que los legisladores. La duración en funciones será de cinco años, y no podrá ser separado de ellas sino por las causales y el procedimiento establecido respecto del juicio político; y podrá ser reelecto. Se tendrá preferentemente en cuenta a quien no hubiere ejercido cargo en la Administración Pública Provincial hasta doce meses inmediatos anteriores a la fecha de propuesta.

CAPITULO II -Prerrogativas, atribuciones y remuneración.

ARTICULO 6º: El Defensor del Pueblo no estará sujeto a mandato imperativo alguno, ni recibirá instrucciones de ninguna autoridad. Desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio. Su actividad no se interrumpirá por ningun motivo,salvo las previsiones de esta ley.

ARTICULO 7º: El Defensor del Pueblo tendrá las mismas inmunidades, privilegios, remuneración y beneficios que los legisladores provinciales.

ARTICULO 8º: Las atribuciones del Defensor del Pueblo se extienden a la actividad de la Administraci6n pública Provincial, conforme los alcances formulados en el artículo 20º de la presente ley.

CAPITULO III - Competencia.

ARTICULO 9º: Corresponde al Defensor del Pueblo:

a) Iniciar y proseguir, de oficio, o a petición de cualquier afectado, toda actuaci6n conducente a la cesación de los actos, hechos u omisiones de 1a Administración Pública, o de las entidades y personas determinadas en el artículo 30 de esta ley, que restrinjan en forma colectiva o general los derechos y garantías establecidos en la primera parte de la Constitución Provincial, o que afecten de cualquier manera los derechos colectivos o intereses difusos de, los habitantes de la Provincia o de un sector, grupo o categoría de los mismos.

b) Requerir del Poder Ejecutivo la modificaci6n o derogación de toda norma reglamentaria, cualquiera fuera su propia denominación, dictada por el propio Poder Ejecutivo o cualquier otra autoridad administrativa que contravenga disposiciones de la Constitución Provincial o de las leyes dictadas en su consecuencia.

c) Demandar por la vía de acciones contencioso administrativas, o de inconstitucionalidad, la tutela judicial de los derechos cuya defensa le compete. A este efecto se considerará habilitada la instancia judicial si el Poder Ejecutivo no adopta, en el término de sesenta (60) días las medidas requeridas por el Defensor del Pueblo fundadas en razones de legitimidad.

d) Recibir denuncias, reclamos o quejas de cualquier persona de existencia física o ideal; formuladas individual o colectivamente, que se considere afectada en sus intereses por los reglamentos, actos, hechos u omisiones indicados en los incisos precedentes.

e) Formular advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales, contractuales o funcionales a los responsables o titulares de los organismos, entidades y personas comprendidas en los artículos 21 y 31 de esta ley. En todos los casos tales responsables responderán por escrito en el término de treinta (30) días corridos a partir de su notificación. Cuando no se acepten las advertencias, recomendaciones o sugerencias,o se guarde silencio;la Defensoria informará a la máxima autoridad de la entidad involucrada, y en el caso de empresas que presten servicios públicos, a la autoridad concedente.

f) Sugerir al Poder Legislativo, la modificación de leyes que como resultado de sus investigaciones, compruebe que puedan provocar situaciones injustas o perjudiciales para la Provincia o sus habitantes, o la sancion de nuevas leyes destinadas a una mejor tutela de los derechos colectivos,la calidad de vida o la protección del ecosistema. Iguales sugerencias podrá formular a los Departamentos Deliberativos de las Comunas respecto de las ordenanzas.

Formular denuncias respecto de todo presunto delito de agresión pública del que hubiera tenido noticia con motivo del ejercicio de sus funciones; poner en conocimiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas toda irregularidad que pudiera generar responsabilidad disciplinaria y a la Fiscalía de Estado todo posible perjuicio a los intereses patrimoniales de la Provincia.

ARTICULO 10: A fin de investigar la presunta violación de normas constitucionales o legales que afecten derechos colectivos o difusos, el Defensor del Pueblo está investido de las Siguientes facultades:

a) Requerir informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que se estime útil a cualquiera de los organismos o personas mencionados en los artículos 21 y 31 de la presente. Estos están obligados a proporcionarlos, dentro del término que les fije. En caso de incumplimiento, reticencia o demora, el Defensor comunicará el hecho, que será siempre considerado falta grave, al Gobernador de la Provincia y al Fiscal de Investigaciones Administrativas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 de esta ley.

b) Informar al Poder Ejecutivo Provincial, o al Superior Jerárquico en caso de autoridades nacionales, cuando estimare que un Ministro, Secretario o funcionario de cualquier jerarquía, pueda obstaculizar gravemente la investigaci6n, para que determine las acciones a adoptar.

c) Solicitar al organismo correspondiente la suspensión de los efectos de los reglamentos, actos, hechos u omisiones sometidos a su competencia, cuando su ejecución o consecuencia pudieran causar un perjuicio grave a la Provincia, las comunas a un sector social, o a la comunidad.

d) Ordenar y recibir declaraciones, exámenes periciales, y toda manifestaci6n verbal o escrita, destinada al cumplimiento mas amplio de sus investigaciones.

e) Practicar inspecciones, certificaciones, y en general, toda medida probatoria conducente al esclarecimiento de la investigación.

f) Ante casos de reticencia, podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, al solo y único objeto de lograr la comparencia; y pedir el auxilio judicial en caso de requerir allanamientos o requisas.

g) Requerir, a título de colaboración, informes, documentos o antecedentes de organismos nacionales o de otras provincias.

ARTICULO 11: Quedan exceptuadas del Ámbito de competencia de la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo.

TITULO II: DEL PROCEDIMIENTO.

CAPITULO I: Tramitación de la queja o denuncia.

ARTICULO 12: Toda denuncia o queja se presentará por escrito, firmado por el interesado, o a ruego si no supiese hacerlo, con indicación de su nombre, apellido y domicilio. Todas las actuaciones serán gratuitas para el interesado y es innecesario el patrocinio letrado. Al año de producido el hecho, acto u omisión, prescribe de pleno derecho la facultad de presentar denuncia o queja sobre él ante la Defensoría del Pueblo. Toda actuación de la Defensoría del Pueblo es siempre libre de sellados.

ARTICULO 13: Para requerir la atención del Defensor del Pueblo no existen más impedimentos que los establecidos por el Codigo Procesal Penal, para formular denuncias, ni nacionalidad, residencia, sexo, minoría de edad,internación en centro penitenciario o de reclusión, y en general, cualquier relación de dependencia con el Estado.

ARTICULO 14: La correspondencia dirigida al Defensor del Pueblo o que sea remitida desde cualquier centro de detencion internación o custodias de las personas, no podrá ser objeto de censura de ningún tipo.

ARTICULO 15: Podrá rechazarse la queja o denuncia sin recurso alguno,debiendo notificarse de ello al presentante,en los siguientes casos:

a) Cuando resultare evidente la mala fe, carencia de fundamentos, inexistencia de pretensión, o sus fundamentos sea trivial. b) Cuando respecto de la cuestión planteada, se encuentre pendiente de resolución administrativa o judicial, con excepción de los casos en que tramite o proceda cualquier recurso de amparo.

ARTICULO 16: Podrá suspenderse la investigación iniciada, cuando el interesado interpusiere recurso administrativo o judicial, o cuando su continuación irrogue real perjuicio a los derechos legítimos de terceras personas.

ARTICULO 17: Las decisiones sobre admisibilidad de las que son presentadas son irrecurribles. La queja no interrumpe los plazos para interponer los recursos administrativos o acciones judiciales; previstos en el ordenamiento jurídico.

ARTICULO 18: Las investigaciones serán de naturaleza sumaria, en la forma que establezca la reglamentación, ajustándose en cuanto fuera posible con las disposiciones de esta ley, a las previsiones de la ley de Procedimientos Administrativos.

ARTICULO 19: Admitido el trámite de una queja, el Defensor del Pueblo promoverá la oportuna investigación sumarial e informal. En todos los casos informará al organismo,o dependencia administrativa, del contenido sustancial de la solicitud recabando todos los antecedentes del caso, que tendrán que serle remitidos en el plazo de diez (10) días, a menos que la complejidad del asunto amerite, a su criterio otro plazo mayor.

ARTICULO 20: El Defensor del Pueblo comunicará al interesado el resultado de sus investigaciones y gestiones, así como la respuesta que hubiere dado el organismo o funcionario implicado, salvo que por su naturaleza fueran consideradas como de carácter reservado o secretas.

ARTICULO 21: El Defensor del Pueblo deberá comunicar el resultado, ya sea positivo o negativo de sus investigaciones a la autoridad, funcionario o dependencia administrativa acerca de la cual se haya suscitado.

ARTICULO 22: Los gastos efectuados o perjuicios materiales causados a los particulares que no hayan promovido la queja y fueren llamados a informar por el Defensor del Pueblo, se verán compensados con cargo al presupuesto de gastos de la Defensoría del Pueblo, una vez justificados debidamente.

CAPITULO II - Responsabilidades de las autoridades y funcionarios.

ARTICULO 23: La negativa o reticencia de cualquier organismo, funcionario o de sus superiores responsables; al envío del informe inicial solicitado, podrá ser considerado por el Defensor del Pueblo como hostil y entorpecedora de sus funciones, haciéndolo público de inmediato y destacando tal calificación en su informe anual o especial, en su caso al Ejecutivo o a la Legislatura.

ARTICULO 24: Cuando de las actuaciones practicadas surja que la queja se originó presumiblemente por el abuso, arbitrariedad, discriminación, error, negligencia u omisión de un funcionario, el Defensor del Pueblo deberá dirigirse al superior jerárquico, formulando las sugerencias que considere oportunas. También deberá dar traslado de dicho escrito al afectado, haciéndole constar su criterio al respecto.

ARTICULO 25: Cuando algún funcionario obstaculice la investigación del Defensor del Pueblo, mediante la negativa o la negligencia en el envío de los informes que éste le solicitare, o mediante no facilitar su acceso a expedientes o documentación administrativa necesaria para la investigación, podrá la Defensoría del Pueblo girar los antecedentes precisos al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones oportunas y pertinentes.

TITULO III - DE LAS RESOLUCIONES.

CAPITULO I - CONTENIDO DE LAS RESOLUCIONES.

ARTICULO 26: El Defensor del Pueblo no será competente para modificar, sustituir, suspender o dejar sin efecto las decisiones administrativas. Sin perjuicio de ello, podrá sugerir la modificación de los criterios para su producción. Este dictamen no es vinculante.

ARTICULO 27: Si el Defensor del Pueblo, como consecuencia de sus actuaciones, llegase al convencimiento de que el cumplimiento riguroso de una norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los administrados, podrá sugerir al Poder Legislativo o a la Administración Pública, la modificación de la misma.

ARTICULO 28: Cuando el Defensor del Pueblo entienda que determinados comportamientos denotan una falla sistemática y general de la Administración Pública, podrá prever los mecanismos que permitan atenuar o eliminar dichos comportamientos, y así hacerlo saber al Poder Legislativo y a la misma Administración.

TITULO IV - RÉGIMEN JURÍDICO INSTITUCIONAL.

CAPITULO I - Integración de la Defensoría del Pueblo.

ARTICULO 29: La Defensoría del Pueblo estará integrada, además de su titular, por un Defensor Adjunto, deberá ser argentino nativo o naturalizado con cinco (5) años de ejercicio de la ciudadania, poseer título universitario de abogado, y ser mayor de edad; por un (1) Secretario Letrado,quien deberá ser argentino nativo o naturalizado con cinco (5) años de ejercicio de la ciudadania, poseer título universitario de abogado,y ser mayor de edad.En cuanto a la jerarquía y remuneración la del Defensor Adjunto será equiparada con la de Subsecretario del Ejecutivo y el Secretario Letrado, con la de Director del Ejecutivo.

ARTICULO 30: Todos los miembros de la Defensoría del Pueblo estarán sometidos a los deberes y obligaciones que esta ley y a los que determine el Reglamento Interno. El Defensor Adjunto y el Secretario Letrado gozarán en el ejercicio de sus funciones, de las mismas inmunidades que correspondan a aquellos con quienes están equiparados en jerarquía y remuneraciones, sometidos a los mismos deberes y obligaciones.

ARTICULO 31: La reglamentación interna determinará el orden de reemplazo del Defensor General en caso de ausencia, impedimento, recusación o excusación.

CAPITULO II - Incompatibilidades

ARTICULO 32: La función de Defensor del Pueblo será incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública o privada, estándole vedada asimismo cualquier actividad de índole político partidaria durante su mandato.

ARTICULO 33: Para los demás funcionarios mencionados en el artículo 29 de esta ley, se establece la incompatibilidad con el desempeño de cualquier otra actividad pública o privada, política partidaria; excepto el ejercicio de la docencia, frente a alumnos en el nivel terciario o universitario.

CAPITULO III - De la cesación, recusación y excusación.

ARTICULO 34: El Defensor del Pueblo cesará en sus funciones por alguna de las siguientes causas:

a) Renuncia.

b) vencimiento del plazo de su mandato.

c) Por incapacidad sobreviniente.

d) Por haber sido condenado, mediante sentencia firme, por delito doloso.

e) Por notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo, o por haber incurrido en situación de incompatibilidad prevista en esta ley.

ARTÍCULO 35: Cuando se forme proceso criminal ante la Justicia competente, por delito doloso contra el Defensor del Pueblo, y éste resultare procesado, podrá ser suspendido en sus funciones por mayoría de dos tercios de los votos de los miembros de la Legislatura reunida en sesión al efecto, hasta el dictado del sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria a su favor, desde que se resuelva en suspensión y hasta el cese de la misma el Defensor del Pueblo será reemplazado por los adjuntos, según el orden de su designación. Idéntico criterio se seguirá para los casos incursos en las previsiones del inciso e) del artículo anterior. La incapacidad sobreviniente deberá acreditarse en forma fehaciente y será resuelta por el Presidente de la Legislatura.

ARTICULO 36: Serán de aplicación al Defensor del Pueblo en lo pertinente, a las normas en materia de recusación, excusación previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Formosa.

CAPITULO IV - Disposiciones Generales.

ARTÍCULO 37: El Defensor del Pueblo dictará el reglamento interno. Los recursos necesarios para atender los gastos que demanden el cumplimiento y la instrumentación de la presente ley provendrán de una partida especial al efecto.

ARTICULO 38: El Defensor del Pueblo deberá presentar a la Cámara de Diputados anualmente, un pormenorizado informe, dando cuenta del número y tipo de quejas presentadas, de aquellas que hubiesen sido rechazadas, así como de las que fueron objeto de investigación, y el resultado de las mismas con especificación de las sugerencias o recomendaciones emitidas, y aquellas que fueron admitidas por la Administración Pública, empresas, concesionarios y particulares. También informará la labor realizada y formulará las observaciones y sugerencias que estime pertinentes.

ARTICULO 39: Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese y archívese.

Sancionada en la Sala de Sesiones de la Honorable Càmara de Diputados de la Provincia de Formosa, el once de noviembre de mil no vecientos noventa y tres.-

VIRGILIO LÍDER MORILLA/ARSENIO JOSÉ RETAMAR

Secretario Legislativo/Presidente Provisional

Observada por el Poder Ejecutivo Provincial y aceptada las observaciones parciales por Resolución Legislativa Nº 862 de fecha diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.

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