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DECRETO – LEY N° 959/80

OBRAS PUBLICAS

Formosa, 13 de Noviembre de 1980

A S.E.

El señor Gobernador de la Provincia

Gral. Br (r) D JUAN CARLOS COLOMBO

Su despacho:

Tengo el agrado de dirigirme a S.E. con el objeto de elevar a su consideración un proyecto de Ley de Obras Públicas.

El adjunto proyecto tiende a sustituir de modo integral a la Ley N° 70 de Obras Publicas actualmente vigente en la Provincia, que sin restarle méritos – puesto que en su momento ha constituido un progreso en la legislación Provincial de Obras Publicas – hoy, a través de la experiencia recogida con su aplicación, tórnase, en la practica, ineficaz en muchos aspectos lo cual hace resaltar la imperiosa necesidad de su revisión, sustituyéndola por un cuerpo legal adecuado y eficaz acorde con la importancia y trascendencia adquirida por el derecho de las Obras Publicas, debido precisamente a la proliferación de grandes obras publicas llevadas a cabo por el Estado y la proyección que ellas tienen en el orden económico y social en toda la comunidad organizada.

En la elaboración del adjunto proyecto se ha tratado de recepcionar y armonizar el fruto de la experiencia recogida en la Provincia, con las nuevas tendencias doctrinarias y legislativas que imperan actualmente en materia de Obras Publicas. Así, a titulo de ejemplo se puede citar, entre otras innovaciones, la incorporación del contrato de concesión de obra publica, en cualquiera de sus formas, como un sistema mas o modo apropiado para poder ejecutar las grandes obras publicas que nuestra provincia debe desarrollar.

El proyecto fue confeccionado tomando como base el anteproyecto de Ley de Obras Publicas del Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Publicas (CIMOP), y la Ley Nacional de Obras Publicas 13.064, adecuado todo a la realidad socio – económico provincial.

Cabe destacar que en la redacción del adjunto proyecto, intervino una Comisión presidida por el suscripto e integrada por representantes de Fiscalía de Estado, Honorable Tribunal de Cuentas, Asesoría Letrada de Gobierno, Dirección Provincial de Vialidad, Instituto Provincial de la Vivienda, Asesoría Letrada, Directores de los distintos Organismos dependientes del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la Cámara Argentina de la Construcción – Delegación Formosa.

Por lo expuesto y dada la relevancia de la materia regulada por el proyecto de Ley que se eleva, solicita su aprobación.

Dios guarde a V.E.

J.A. TISNES

Tcal (r)

Ministro de Obras y Servicios Públicos

LEY N° 959

Formosa, 13 de Noviembre de 1980

VISTO:

Lo actuado en el expediente N° 12.788 – 0 – 80, del Registro de Mesa General de Entradas y Salidas de la Gobernación, la autorización otorgada por Resolución N° 2.032/80 del señor Ministro del Interior, lo dispuesto en el Decreto Nacional N° 877/80 y en ejercicio de las facultades legislativas conferidas por la Junta Militar;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE FORMOSA

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY:

CAPITULO I

DE LAS OBRAS PUBLICAS EN GENERAL

Artículo 1°.- Se consideran obras publicas aquella que realice el Estado Provincial y las Municipalidades por intermedio de sus entes centralizados, descentralizados o autárquicos, Empresas del Estado, empresas privadas de capital mayoritario estatal o administradas por ellas cualquiera sea la forma jurídica en que se desenvuelvan y cualquiera sea el origen de los fondos que se empleen,quedando sometidas a las disposiciones de la presente ley.

Art. 2°.- Será de aplicación la presente ley de obras publicas a la construcción y los trabajos que emprenda la Administración, como asimismo a la adquisición, arrendamiento, adecuación, reparación de inmuebles, transporte y provisión de maquinas, equipos, aparatos, instalaciones, materiales, lubricantes, energía, herramientas y en general, bienes y cosas, destinados a utilizarse, consumirse o incorporarse a ellas, hasta su habilitación integral, se podrán excluir obras o trabajos de monto reducido o carácter artesanal, conforme lo determine la reglamentación.

Art. 3°.- Cuando la presente Ley menciona a la Administración, debe entenderse por tal, a las autoridades u organismos que tengan asignada competencia legal en la materia, con los alcances previstos en el Artículo 1°, los que podrán delegar sus atribuciones y deberes en las dependencias que se encuentren capacitadas por su estructura funcional.

Art. 4°.- Cuando la obra publica haya de efectuarse en un inmueble, este deberá ser propiedad de la Administración o estar sujeto a un régimen de derecho publico. Excepcionalmente, por razones de interés general, podrá efectuarse en inmueble sobre los que la misma tenga posesión o ejerza derecho real de servidumbre o de uso o locación por cualquier titulo. La Reglamentación fijara las condiciones y limites de estos casos de excepción.

 

Art. 5°.- La constitución, liberación, sustitución y perdidas de las garantías que prevé la presente ley, o las que se establezcan accesoriamente, se ajustaran a las normas que se fijen en la reglamentación.

Art. 6°.- Las disposiciones de la presente ley, y su reglamentación, son de aplicación obligatoria y serán invalidas las convenciones que las ignoren o las nieguen.

CAPITULO II

DE LOS ESTUDIOS, PROYECTOS Y FINANCIACIÓN

Art. 7°.- Toda obra publica deberá ser explícitamente fundada y contar con su respectivo crédito legal, previamente a su ejecución, deberá estar aprobado su proyecto y presupuesto, con especificación de todas las condiciones, estudios y antecedentes técnicos – legales, económicos y financieros que sean necesarios para su realización. El crédito legal podrá comprender el presupuesto de la obra, con mas un porcentaje adecuado para atender el proyecto, la dirección e inspección de la misma compensaciones a personal de la administración Comitente, eventuales, variaciones de precios y trabajos imprevistos. Incluirá además las sumas que deban destinarse para la compra, expropiación, desocupación, constitución de servidumbres o restricciones al dominio de inmuebles, en base a las tasaciones que deban realizar los organismos competentes.

Art. 8°.- Cuando circunstancias especiales lo requieran, fundadas debidamente, la Administración podrá contratar sobre la base de anteproyectos, los que tendrán carácter de provisionales, hasta que se aprueben los documentos definitivos. La contratación de obras que lleve incluida la preparación del proyecto solo podrá llevarse a cabo en los casos excepcionales, mediante la autorización previa de la autoridad competente.

Art. 9°.- Podrán quedar exceptuadas de alguno o de todos los requisitos señalados en el Artículo 7°, aquellas obras que, por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, que afecten la seguridad, salud publica o economía del Estado, se declaren de reconocida urgencia o impostergables por la autoridad competente. En el caso de carecerse de crédito legal deberá iniciarse la gestión tendiente a obtenerlo dentro del plazo de diez (10) días hábiles del mencionado acto administrativo. La decisión que se adopte deberá responder estrictamente a solucionar dichas situaciones.

Art. 10°.- En el supuesto de las obligaciones por periodos que excedieren el del ejercicio en curso, por plazos de ejecución u otras causas, la administración podrá contraerlas, afectándolas en compromisos sobre presupuestos de ejercicios posteriores.

Art. 11°.- La contratación de estudios previos justificativos, anteproyectos, proyectos, dirección de obras, inspección o tareas de asistencia técnica, se regirá por las leyes especificas que traten al respecto y, supletoriamente, por las normas de la presente ley, en cuanto fueran compatibles con la naturaleza de tales trabajos.

Art. 12°.- La contratación de obras y de bienes y cosas, a que se refiere el Artículo 2°, podrán realizarse con la modalidad de pago diferido, fijando, en los pliegos respectivos, las condiciones para cada caso.

Art. 13°.- La Administración podrá, cuando lo considere conveniente, establecer premios por entrega anticipada de obras y de bienes y cosas, a que se refiere el Artículo 2°.

CAPITULO III

DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

Art. 14°.- Son obras por administración aquellas que ejecutaren por sí, los entes y organismos mencionados en el Artículo 1°, empleando el personal, los materiales, equipos y herramientas necesarios y se ajustaran a las normas de la presente ley, y supletoriamente a la Ley de Contabilidad, según se disponga en la reglamentación.

Art. 15°.- Para la ejecución de la obra, la Administración podrá:

a) Celebrar contratos de trabajo, individuales o por equipos, limitados en su duración al tiempo de ejecución de la obra.

b) Contratar la provisión de materiales, artefactos y elementos necesarios.

c) Adquirir y arrendar los equipos imprescindibles.

d) Contratar partes de la obra, conforme a las disposiciones que se dicten en el capitulo correspondiente a modalidades de contratación.

e) Realizar todos los actos necesarios hasta la terminación de la obra.

CAPITULO IV

DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN

Art. 16°.- Las contrataciones sujetas a la presente ley, deberán realizarse mediante licitación publica. No obstante, podrá contratarse indistintamente en forma directa, por licitación privada, o por concurso de precios o antecedentes, en los siguientes casos de excepción, que deberán ser debidamente fundados:

a) Cuando el presupuesto oficial no exceda del tope que fije la reglamentación.

b) Cuando trabajos que resulten indispensables en una obra en curso de ejecución, no hubieran sido previstos en el proyecto ni pudieran incluirse en el contrato respectivo. El importe de estos trabajos no podrá exceder del veinte por ciento (20%) del monto total de obra contratado a valor actualizado.

c) Cuando razones de seguridad exijan reserva o secreto.

d) Cuando se trate de ejecutar obras que, por su técnica o naturaleza especial, solo pudiera confiarse a profesionales universitarios, artistas, técnicos, artesanos, empresas u operarios especializados, cuando deban utilizarse patentes o privilegios exclusivos o cuando los conocimientos para su ejecución sean poseídos por una sola persona o Empresa.

e) Cuando los trabajos de urgencia reconocida, o circunstancias imprevistas demandaren una pronta ejecución que no permita esperar el resultado de la licitación publica, o se trate de aquellos que sean necesarios para la satisfacción de servicios de orden social de carácter impostergable y urgente ejecución.

f) Cuando realizada una licitación publica, esta haya sido declarada desierta o no se hubieran presentado ofertas admisibles, debiéndose en estos casos mantener las condiciones que rigieron para aquella. La adjudicación en este ultimo caso debe recaer en la propuesta u oferta que actualizada resultare más conveniente respecto a cualquiera de las declaradas inadmisibles o rechazadas.

g) Cuando se encomiende la ejecución de obras a organismos nacionales provinciales o municipales y a los mencionados en el Artículo 1°.

h) Cuando la Administración, por motivos de oportunidad o conveniencia debidamente fundados, contrate con cooperativas, consorcios vecinales o cualquier entidad de bien publico debidamente reconocida, la realización de obras que estén dentro de la finalidad especifica de las mismas, siempre que acrediten debidamente la capacidad técnica suficiente para ello. Cuando estos entes subcontraten a su vez la realización total o parcial de las obras, deberán ajustarse al Régimen de Contratación y a las normas que fueran de aplicación para la Administración Publica, asegurando el cumplimiento de los principios básicos de la libre concurrencia, igualdad entre los oferentes e inscriptos en el registro pertinente, exclusión de los que no puedan contratar con el Estado, que posean capacidad técnica, económica y financiera suficiente que asegure la ejecución de la obra en termino de acuerdo con dicho régimen, debiendo recaer la adjudicación en la oferta mas conveniente a los intereses públicos. El incumplimiento hará responsables solidariamente a los directivos del Ente y a los Empresarios por los perjuicios que se irroguen al Estado, o por las infracciones legales en que incurran.

i) Cuando exista probada escasez de los bienes y cosas a que se refiere el Artículo 2°.

j) Cuando, por haberse rescindido el contrato por culpa del contratista, el monto faltante para la terminación de la obra no exceda el treinta por ciento (30%) del presupuesto actualizado a la fecha de la nueva contratación.

k) La compra de bienes en remate publico, previa fijación del precio máximo a ofertar.

Art. 17°.- La ejecución de toda obra publica, a los efectos de la presente ley puede ser de conformidad a los siguientes procedimientos:

Por Contratación;

Por Administración;

Por Combinación de los anteriores;

Mediante subsidios o aportes de la Provincia;

En toda obra publica que se realice en la Provincia con fondos de la misma y/o de terceros ya sea total o parcialmente, deberá ineludiblemente contarse con la opinión y asesoramiento previo y en su caso bajo el control técnico ulterior del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, sin cuyo requisito no podrá iniciarse trabajo u obra alguna.

Art. 18°.- La contratación de obras publicas podrá realizarse mediante:

1) Contrato de obra publica, que a su vez puede serlo por cualquiera de los siguientes sistemas:

Por unidad de medida;

Por ajuste alzado;

Por coste y costas;

Por administración delegada;

Por combinación de estos sistemas entre sí;

Por otros sistemas que como excepción se pueden establecer;

2) Contrato de concesión de obras publicas que a su vez puede revestir las siguientes modalidades:

Por el sistema de Peaje;

Por el sistema de Contribución de mejoras.

CAPITULO V

DEL REGISTRO PROVINCIAL DE EMPRESAS Y PROVEEDORES DE OBRAS PUBLICAS

Art. 19°.- La inscripción, habilitación, calificación y capacidad técnica y financiera de las personas físicas o jurídicas que intervinieren en las obras publicas, se efectuara por medio de un Registro Provincial de Empresas y Proveedores de Obras Publicas, que funcionará de acuerdo a las normas reglamentarias que se dicten. La Administración no podrá efectuar contratación alguna con empresas no inscriptas en el Registro, o que no resulten calificadas, o sin capacidad suficiente para el cumplimiento de las obligaciones a contraer, salvo en los casos en que el monto de obra no supere los limites que fije la reglamentación.

Art. 20°.- La participación en licitaciones internacionales será posible para empresas extranjeras no inscriptas, siempre que se presenten asociadas a empresas registradas con capacidad suficiente otorgada por el Registro, salvo el caso de la existencia de Convenios Internacionales o Leyes Especiales.

Art. 21°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a fijar los aranceles para el tramite de registración, expedición de certificados y demás documentación que expida el Registro y, en caso necesario, fijar una contribución porcentual sobre los certificados, por cualquier concepto, que liquide la Administración, a objeto de atender los gastos que demande su funcionamiento.

CAPITULO VI

DE LA LICITACION

Art. 22°.- El Pliego Básico de Condiciones Generales determinara los requisitos de publicidad y demás condiciones que regirán el procedimiento de licitación, los que deberán otorgar la garantía de igualdad de posibilidades para todos los interesados.

Art. 23°.- Las ofertas deberán ajustarse a las bases de licitación, debiendo desestimar la autoridad facultada para adjudicar aquellas que las infrinjan por contener vicios que no sean subsanables sin afectar la igualdad de los proponentes. Si se presentaran propuestas que signifiquen una variante, solo serán consideradas, en el caso que los pliegos no lo hayan prohibido expresamente y siempre que el oferente también haya formulado su propuesta según el proyecto oficial. Las ofertas complementarias o propuestas de modificaciones entregadas con posterioridad al acto licitatorio deberán ser desechadas. Sin embargo, podrán considerarse aclaraciones que no alteren la propuesta original, no modifiquen las bases de licitación, ni afecten el principio de igualdad entre los oferentes.

Art. 24.- Las ofertas deberán afianzarse en alguna de las formas que prevea la reglamentación (Régimen de Contrataciones de la Provincia) con una garantía equivalente al uno por ciento (1%) del presupuesto oficial, o su parte proporcional si se tratare de ofertas parciales.

En los casos a que se refiere el Artículo 16 podrá prescindirse de la exigencia de constituir la garantía, pero, el solo hecho de cotizar, determina la obligación de hacerlo a simple requerimiento del organismo licitante. Para las contrataciones de bienes y cosas, previstas en el Artículo 2°, la Administración fijara, en cada caso, el monto de la garantía con que se deberán afianzar las ofertas. La falta de cumplimiento de la constitución de la garantía, en el plazo fijado, será en todos los casos, causal de rechazo de la oferta. Todas las garantías serán ajustables automáticamente, conforme lo establezca la reglamentación.

Art. 25°.- Cuando la índole de la obra o razones de conveniencia a los intereses fiscales así lo justifiquen, podrá preverse el adelanto de fondos al contratista, a cuenta del precio, el que será concedido previa constitución de una caución o garantía real que sea automáticamente ajustable en la forma que prevea la reglamentación. La oportunidad, el monto del anticipo y la modalidad de su amortización se fijaran, en cada caso, en las bases licitatorias.

Art. 26°.- Las bases establecerán el termino durante el cual los proponentes deberán mantener sus ofertas, a cuyo vencimiento se consideraran automáticamente prorrogadas, mientras no mediare manifestación expresa en contrario, por parte de los mismos.

CAPITULO VII

DE LA ADJUDICACION Y CONTRATO

Art. 27°.- La adjudicación se hará a la oferta más conveniente a juicio de la Administración entre aquellas que se ajustaren a las bases y condiciones de la licitación. El precio será solo de uno de los factores a tener en cuenta para la adjudicación. La circunstancia de no haberse presentado mas que una oferta, no impedirá la adjudicación si se la considerare convenientes.

Art. 28°.- La Administración podrá, mediante decisión fundada, rechazar todas las propuestas, sin que por ello incurra en responsabilidad para con los proponentes.

Art. 29°.- Si antes de la adjudicación, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, o después de efectuada, habiendo consentido su prorroga, de acuerdo al Artículo 26°, ella fuera retirada, el proponente perderá la garantía constituida, dándose conocimiento del hecho al Registro Provincial de Empresas y Proveedores de Obras Publicas para la sanción que corresponda aplicar. La Administración podrá, sin necesidad de realizar un nuevo llamado, adjudicar a la oferta más conveniente que siga en orden de méritos.

Art. 30°.- La adjudicación se notificara fehacientemente al adjudicatario y a los demás oferentes en la forma y plazo que establezca el Pliego Básico de Condiciones Generales.

Realizada la notificación, el adjudicatario constituirá una garantía equivalente al cinco por ciento (5%) del contrato que se actualizara periódicamente en la forma que lo determine la reglamentación. Dicho porcentaje podrá ser mayor, en los casos especiales, si así lo dispusiera la autoridad competente. Cumplido este requisito se firmara la contrata, dentro del plazo fijado en las bases, hecho que se notificara al Registro Provincial de Empresas y Proveedores de Obras Publicas.

Si el adjudicatario no constituyera la garantía o se negara a firmar la contrata, o no concurriera en la forma y tiempo establecido previa intimación fehaciente, perderá, a beneficio de la Administración, la garantía de la propuesta, denunciándose el hecho al Registro, a los fines de la sanción que corresponda. La Administración podrá en este caso adjudicar y contratar con el proponente que siga en orden de conveniencia en la misma licitación. Si la contrata no se firmara por causas imputables a la administración o al Poder Publico, el adjudicatario podrá renunciar a la adjudicación para lo cual deberá intimar mediante telegrama colacionado u otro medio fehaciente, al Ministro del Ramo o autoridad máxima del Ente u Organismo licitante, el que tendrá un plazo de quince (15) días hábiles administrativos para pronunciarse. Transcurrido dicho plazo sin que mediare tal pronunciamiento, se considerará aceptada la renuncia. En este supuesto, el adjudicatario solo tendrá derecho a la devolución de la garantía constituida y al resarcimiento de los gastos que pruebe haber tenido como consecuencia directa de la licitación y adjudicación.

Por cualquier circunstancia que impida el cumplimiento del contrato por culpa del contratista, la Administración podrá: a) adjudicar la licitación a la mejor oferta que se encuentre en orden de méritos y condiciones para ello y manifieste la voluntad de mantener la vigencia de su oferta, o b) proceder a un nuevo llamado.

Art. 31°.- Los oferentes podrán efectuar observaciones en el acto de apertura de la licitación que consideren procedente con respecto a la misma o de las propuestas. Dicha observación deberán hacerlas constar en el acto de apertura, con la obligación de firmar la misma, acreditando a ese efecto la facultad para hacerlo, caso contrario no será atendida la observación. Con posterioridad al acto de apertura de la licitación, y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, los oferentes podrán impugnar por escrito las ofertas, o ampliarlas, cuando estas hubieran sido formuladas en el acto de apertura.

El escrito de impugnación deberá estar debidamente fundado en la ley, su reglamentación y en el Pliego de Condiciones de la licitación y deberá ser acompañado de la constancia de un deposito previo en el Organismo Licitante y a la orden del mismo, de una garantía de impugnación del uno por ciento (1%) del importe total en todo concepto, de la oferta o de la suma de las ofertas que impugne en el caso de las ofertas parciales. Dicha garantía será devuelta a quien la constituyo y, en forma proporcional, al numero de ofertas para las cuales dicha impugnación se resuelva favorablemente. Para las impugnaciones a la oferta o las ofertas que no se resuelvan favorablemente, el organismo licitante, ejecutara a su favor el importe de la garantía correspondiente al numero de ofertas comprendidas en este caso.

La garantía podrá constituirse en algunas de las formas previstas en el Régimen de Contrataciones de la Provincia.

Las impugnaciones serán consideradas antes de la adjudicación, pero no contestadas al impugnante, quien tomara conocimiento de la resolución recaída, al concretarse la adjudicación.

Las copias de las ofertas estarán a disposición de los oferentes en el lugar que al efecto determine el Organismo Licitante, durante tres (3) días hábiles siguientes a la apertura. Los oferentes afianzando previamente en algunas de las formas previstas en el Régimen de Contrataciones de la Provincia, con un deposito de garantía de impugnación equivalente al uno por ciento (1%) del monto del presupuesto oficial objeto de la licitación, podrán formular impugnación fundada, a la preadjudicación e interponer los recursos que estimen conveniente contra el instrumento legal de adjudicación, dentro del plazo que se fije en las cláusulas particulares, el que no podrá ser inferior a un (1) día a contar desde el vencimiento del termino fijado para los anuncios.

Las impugnaciones serán resueltas por la autoridad competente para aprobar la contratación, en la misma acta que resuelva la adjudicación.

Art. 32°.- En caso de contradicción entre las disposiciones legales vigentes a la fecha de la licitación, con las contenidas en la documentación contractual, tendrá prevalencia las normas legales. El orden de prelación de la documentación contractual será establecido en la reglamentación.

Art. 33°.- Firmado el contrato, el contratista no podrá transferirlo ni cederlo en todo o en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización y aprobación de autoridad competente, bajo pena de caducidad del contrato, perdida de la garantía y daños y perjuicios. En la misma sanción incurrirá el oferente, o adjudicatario respecto de sus derechos y acciones.

La administración podrá autorizar la asociación, transferencia o sesión del contrato en casos debidamente justificados. El cesionario deberá reunir, por lo menos, iguales condiciones de solvencia técnica, financiera, económica y moral que el cedente, a juicio exclusivo del comitente administrativo.

Art. 34°.- El contratista podrá subcontratar parcialmente la obra, en cuyo caso deberá ponerlo en conocimiento de la Administración, lo que no lo eximirá de sus responsabilidades ni establecerá relación directa entre los subcontratistas y la Administración, salvo lo dispuesto en el Artículo 39°. En los casos que, por sus características, lo considere conveniente, la Administración podrá exigir en los pliegos que determinados subcontratistas estén inscriptos en el Registro Provincial de Empresas y Proveedores de Obras Publicas.

CAPITULO VIII

DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Art. 35°.- La Administración ejercerá, por si o por terceros, la dirección de las obras y el servicio de inspección que supervisará y controlará el cumplimiento del contrato. La Administración tendrá libre acceso a los obradores, talleres, laboratorios, campamentos y oficinas del contratista, como así también a las fabricas o lugares donde se elaboren los elementos especiales a utilizarse en las obras.

Art. 36°.- El incumplimiento de los plazos parciales o totales dará lugar a la aplicación de las penalidades que fijen la reglamentación o los pliegos, salvo que la demora obedezca a alguna de las causales previstas en el Artículo 37° y el contratista cumplimente las exigencias contenidas en dicho artículo. El contratista quedara constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos estipulados en el contrato y estará obligado al pago de las multas que correspondan y que le sean aplicadas. La multa se aplicará al constatarse el atraso de la obra, parcial o totalmente en cada inspección de obra que realice.

Estas serán descontadas de los certificados pendientes de emisión, de los créditos que tenga, por cualquier concepto, o, en ultima instancia, de las garantías constituidas, las que, en su caso, serán ejecutadas. No se podrán aplicar multas que, en su conjunto, superen el diez por ciento (10%) del monto contractual actualizado.

Art. 37°.- El contratista esta obligado a denunciar a la Administración todo caso fortuito, situación de fuerza mayor, condiciones atmosféricas extraordinarias que incida en el cumplimiento de los plazos contractuales, dentro del termino de cinco (5) días hábiles administrativos de producido el hecho o sus consecuencias o en su caso, de haberlos podido conocer.

Pasado dicho termino ninguna circunstancia podrá ser invocada para justificar demoras, salvo aquella que sea de publica notoriedad y la presentación de la denuncia no exceda razonables pautas temporales. La Administración deberá pronunciarse sobre los pedidos de prórroga efectuados por el contratista dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos siguientes al mismo. Vencido dicho plazo sin que la Administración se pronuncie, el contratista podrá intimar al Ministerio del ramo o a la máxima autoridad del Ente que corresponda por el termino de diez (10) días hábiles administrativos para que se expida y, en caso de silencio, se entenderá acordada la prórroga.

Art. 38°.- El pago de los derechos sobre el uso de elementos, materiales, sistemas y procedimientos constructivos patentados, estarán a cargo del contratista, salvo disposición en contrario de los pliegos.

Cuando estos exijan el uso de aquellos o de otros, que no siendo patentados, sean especiales o de fabricación exclusiva, el contratista deberá poner en conocimiento de la Administración dentro del termino de quince (15) días hábiles administrativos cualquier deficiencia notoria que hubiere advertido, para su aplicación.

Art. 39°.- Cuando, por razones exclusivamente técnicas, la Administración se vea obligada a la ejecución de trabajos por contratos separados o por subcontratistas seleccionados en licitaciones por ella exigidas, siempre que el adjudicatario sea impuesto por la Administración, el contratista, sin perjuicio de su responsabilidad por la conducción de la obra general, quedara eximido de responsabilidad por las demoras, incumplimientos, deficiencias y perjuicios que se originen por dicho motivo.

Art. 40°.- La administración aun cuando no estuviera previsto en el contrato, podrá disponer, por causa justificada, la sustitución total o parcial de los materiales o elementos convenidos por otros, pero indemnizará al contratista el daño emergente que probare haber tenido.

Art. 41°.- El contratista será responsable por los daños y perjuicios que origine a la Administración por dolo, culpa o negligencia.

La administración solamente reconocerá al contratista los daños y perjuicios que probare haber sufrido provenientes del caso fortuito o de fuerza mayor o que sean causados directamente por el comitente Administrativo o por actos del Poder Publico.

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este artículo, el contratista deberá hacer la reclamación correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determinen los pliegos especiales de cada obra, cuando las paralizaciones fueran parciales y/o emergentes de caso fortuito o fuerza mayor no se reconocerán gastos improductivos.

Art. 42°.- El contratista no tendrá derecho, bajo pretexto de error u omisión de su parte, a exigir la modificación del precio u otras condiciones fijadas en el contrato.

La Administración es responsable de los estudios, proyectos e informes, cuando estuvieran a su cargo o fueran confeccionados por ella o por su orden, que hayan servido de base para la contratación. El contratista es responsable de las fallas de construcción. En el caso de proyectos o planos con deficiencias técnicas o de vicios en los materiales provistos o a proveer por la Administración o sistemas constructivos aprobados por ella, el contratista deberá advertirlos o comunicarlos de inmediato a la Administración, y abstenerse de realizar los trabajos, que pudieren estar comprendidos o afectados por esas deficiencias, salvo que la Administración le ordene por escrito la ejecución de tales trabajos en esas condiciones. En este ultimo caso el contratista estará exento de toda responsabilidad. La falta de notificación a la Administración o a la ejecución de los trabajos sin orden por escrito de la misma, hará responsable al contratista en lo que sea imputable, por su falta de diligencia.

El tiempo que dure la suspensión justificada de los trabajos ya sea total o parcial, por aquella causal, originará la prórroga de los plazos contractuales y el reconocimiento de los daños que el contratista pruebe haber tenido haciendo la pertinente reclamación dentro de los plazos y condiciones que determine la reglamentación y/o los pliegos especiales de cada obra.

Art. 43°.- La recepción provisoria no liberará al contratista por los vicios aparentes que afecten a la obra y le sean imputables. Los vicios ocultos no se purgarán con la recepción definitiva, sin perjuicio en ambos casos, de la responsabilidad establecida en el Artículo 1646 del Código Civil. El plazo de diez (10) años previsto en esa norma; comenzará a correr a partir de la fecha en que se opere la recepción provisoria de los trabajos.

CAPITULO IX

DE LAS ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Art. 44°.- Las alteraciones cuantitativas o cualitativas de la obra podrán realizarse por decisión unilateral de la Administración o por acuerdo de partes.

Art. 45°.- Las modificaciones impuestas por decisión de la Administración, serán obligatorias para el contratista siempre que se ajusten a las siguientes condiciones:

a) Que en conjunto y en forma acumulada no superen el veinte por ciento (20%) en mas o en menos, del monto total del contrato actualizado a la fecha de cada modificación.

b) Que estas modificaciones no obliguen a emplear maquinarias o sistemas de trabajo que excedan la capacidad técnica y disponible de la Empresa y que no hubiera sido necesario emplear para ejecutar la obra contratada.

Art. 46°.- En el caso que las alteraciones impuestas, en virtud del artículo anterior, únicas o sucesivas, superen en un ítem, en mas o en menos, el veinte por ciento (20%), se deberá fijar un nuevo precio para el mismo.

Para determinar si corresponde o nó la fijación de nuevos precios en el caso de contratos celebrados por “unidad de medida”, el porcentaje de variación se calculará independientemente para cada ítem modificado, sobre la base de la cantidad prevista contractualmente.

El nuevo precio solo se aplicará a la cantidad del trabajo que exceda el veinte por ciento (20%) en caso de aumento y a la totalidad del ítem en caso de disminución, si este se realiza en menos del ochenta por ciento (80%), entendiéndose como tales, a las que figuran en el presupuesto contractual.

En caso de partidas globales, estas deberán ser desglosadas en los distintos ítems que las integraren, mediante determinación de cómputos y aplicación de precios individuales que, en su conjunto, totalicen el precio global cotizado, procediéndose en la forma indicada para el supuesto siguiente.

En las obras que se ejecuten por el sistema de “Ajuste Alzado”, el porcentaje de alteración se establecerá sobre un cómputo especial, efectuado para el caso por la Administración, con intervención del contratista, prescindiendo de cualquier otro computo que pueda figurar en la documentación contractual. Para cada ítem modificado se harán dos cómputos: El primero en base a los planos y especificaciones del proyecto de licitación y el segundo teniendo en cuenta los planos y especificaciones de la modificación proyectada. La diferencia entre ambos cómputos determinará el porcentaje de alteración del ítem, y si el mismo no excediera, en mas o en menos, el veinte por ciento (20%), del precio contractual, será valido y se aplicará al computo definitivo.

En caso de alteración mayor que el veinte por ciento (20%) se fijara nuevo precio que se aplicará al excedente en caso de aumento y a la totalidad del ítem en caso de disminución, cuando este se realice en menos del ochenta por ciento (80%).

Art. 47°.- Todo trabajo cuya naturaleza difiera de lo establecido en los planos, o en la restante documentación contractual, se considerará ítem nuevo y su precio deberá ser acordado por las partes.

Si no se lograra acuerdo entre las partes para la fijación del nuevo precio, la Administración podrá disponer que los trabajos se llevan a cabo por administración o por licitación sin derecho a reclamación alguna por parte del contratista.

Art. 48°.- La disminución, en uno o más ítems, no dará derecho al contratista a reclamar los beneficios que pudiere haberle correspondido por la ejecución de la parte reducida, pero le serán reconocidos los gastos que probare haber tenido si justificase haber acopiado o contratado materiales, equipos o servicios, y tendrá derecho a ser indemnizado por los perjuicios que, por tales causas, se le originen.

Art. 49°.- En caso de supresión de ítem, el contratista debe ser indemnizado, teniendo en cuenta la incidencia de aquel en los gastos indirectos de obra y en los gastos generales. Asimismo el contrato debe ser reajustado procediéndose de la siguiente forma:

1) Si se hubiera contratado por el sistema de unidad de medida se lo suprimirá al precio pactado.

2) Si el contrato fuera por ajuste alzado, deberá convenirse el precio del ítem, a la fecha de licitación, de acuerdo a las normas fijadas en el Artículo 46, a efectos de suprimirlo.

Art. 50°.- Cuando fuese necesario establecer un nuevo precio, en algún ítem existente o uno nuevo, y no se llegase a un acuerdo entre la Administración y el contratista, aquella podrá disponer la prosecución de los trabajos, reconociéndole provisoriamente los gastos directos más los porcentajes que fije para los gastos indirectos y generales y los beneficios, sin perjuicio del derecho del contratista a impugnarlos posteriormente por la vía que corresponda y dentro del plazo estipulado en el Artículo 37°.

Art. 51°.- En los contratos por el sistema de ajuste alzado, cuando se constaten errores que no afecten el precio final, pero que puedan alterar injustificadamente la magnitud de los pagos a cuenta, se corregirán por prorrateo, al efecto exclusivo de las certificaciones parciales, sin modificar el precio global estipulado, a pedido de cualquiera de las partes, en cualquier momento, hasta la terminación de la obra.

CAPITULO X

DE LA MEDICIÓN, CERTIFICACION Y PAGO

Art. 52°.- SUSTITUIDO POR Decreto-LEY N° 1335/83 en b.o.p.n°2523 del 21/07/83.-(Texto actualizado) Los pliegos determinarán la forma y oportunidad en que serán efectuadas las mediciones o constataciones, la certificación y pago correspondientes.

(texto original- Las mediciones se efectuaran dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes y serán efectuadas en forma conjunta por la Supervisión de obra y por el Representante técnico del Contratista, labrándose la pertinente Acta de Constatación.

El Certificado será confeccionado por el contratista dentro de los cinco (5) días y presentado por el mismo a la Inspección de obra para su verificación.

La inspección de obras verificará si el certificado ha sido confeccionado conforme al Acta de Constatación. En caso afirmativo, lo elevará dentro de los cinco (5) días de recepcionado el certificado para su aprobación al Departamento de Obras, quien lo elevará a la Dirección del Organismo comitente dentro del plazo de cinco (5) días. La Dirección siguiendo la vía jerárquica, lo elevara dentro del plazo de cinco (5) días, con el proyecto de Resolución de reconocimiento y autorización de pago. La tramitación posterior, correspondiente al pago del certificado se efectuara dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días a contar de la fecha de elevación del certificado por parte de la Dirección del Organismo Comitente.

La copia negociable del Certificado reconocido y cuyo pago fuera autorizado por Resolución Ministerial, será entregada al Contratista a su pedido, por la Dirección de Administración del Ministerio, una vez recepcionado el instrumento legal mencionado.)

Art. 53°.- A los efectos de esta ley se entenderá por certificado todo instrumento de crédito que expidiere la Administración al contratista, con motivo del contrato de obra publica, en un titulo o documento legitimatorio, a los efectos del pago, que será extendido a su orden, no transmisible por endoso.

Las observaciones que el contratista formulare sobre los certificados, no eximirán a la Administración de la obligación de pago de los mismos, hasta la suma liquida reconocida por ella, dentro de los plazos establecidos.

De reconocerse el derecho del contratista sobre el reclamo, los intereses por el importe no certificado, que resultaren de legitimo abono, se liquidaran de acuerdo con lo establecido en el Artículo 56°, desde la fecha en que se hubiere generado el mismo.

Art. 54°.- A los efectos de la constitución del fondo de reparo, de cada certificado, cuya actualización se efectuara periódicamente según se establezca en la reglamentación excepto los de acopio se deducirá un porcentaje mínimo del cinco por ciento (5%) hasta un máximo del diez por ciento (10%), que se fijara en los pliegos, el que se retendrá hasta la recepción definitiva en carácter de garantía. Cuando la Administración lo estime conveniente, podrá exceptuar de esta constitución a los certificados por bienes o cosas a que se refiere el Artículo 2°.

Art. 55°.- Los certificados, salvo el final definitivo, serán provisorios. Una vez emitido un certificado, no podrá ser modificado ni trabado su tramite de pago por ninguna causa.

Los errores comprobados en las liquidaciones podrán ser subsanados en el momento en que sean advertidos, en cualquiera de los certificados siguientes. Dentro del plazo determinado en los pliegos, que no deberá exceder el máximo fijado por la reglamentación, se emitirá el certificado final de liquidación provisional, que podrá ser parcial si hubiera puntos controvertidos. En este caso, los rubros cuestionados también deberán consignarse y se liquidaran provisoriamente.

Art. 56°.- Vencidos los plazos indicados en el Artículo 52° y más los quince (15) días de gracia establecidos en el Artículo 2° de la Ley N° 652, la Administración incurrirá automáticamente en mora. Sin perjuicio del derecho establecido en el Artículo 72° Inciso c) de la presente ley, correrán desde entonces a favor del contratista intereses calculados a la tasa fijada por el sistema bancario oficial para el descuento de certificado de obras publicas, o para crédito ordinario, si aquellos no existieran. El pago del certificado parcial y/o final, sin reserva en el mismo acto del contratista con respecto a los intereses, extingue la obligación de abonarlos.

La reserva de intereses en el certificado final, solo se entenderá referida a las sumas o los montos que no correspondan a certificados parciales anteriores.

Art. 57°.- Dentro de los sesenta (60) días corridos de operada la recepción definitiva de la obra, se pondrá termino a las cuestiones económicas de la misma mediante la confección y emisión del certificado final de cierre de cuentas, en el que se asentaran los créditos y débitos a que las partes se consideren con derecho. No serán admitidas reclamaciones económicas con posterioridad, que no hayan sido incluidas en el mencionado certificado, salvo la derivada de la ruina total o parcial de la obra.

Art. 58°.- Los certificados solamente serán embargables por créditos originados en servicios, trabajos o materiales aportados a la obra.

El embargo por créditos de otro origen, solamente será procedente sobre el certificado de liquidación final.

El embargo sobre herramientas, útiles, instalaciones y equipos, afectados a la obra no impedirá su uso mientras se ejecuten los trabajos a que están destinados.

Los materiales se considerarán inembargables en todos los casos.

Los derechos, acciones y privilegios especiales conferidos al acreedor prendario por la Ley 12962, u otras similares, no sufrirán menoscabo por razón de afectación a la obra de los bienes grados. La Administración podrá, no obstante, subrogar totalmente en sus derechos al acreedor en esos derechos, acciones y privilegios, de conformidad con el Artículo 767 y los siguientes del Código Civil. A tal efecto aquella gozará de un plazo de quince (15) días hábiles administrativos, contados a partir de la notificación fehaciente dispuesta por el juez competente.

Art. 59°.- El contratista de la obra pública no podrá ejercer derecho de retención sobre la obra ejecutada.

CAPITULO XI

DEL RECONOCIMIENTO DE LAS VARIACIONES DE PRECIOS

Art. 60°.- La Administración tomará a su cargo o beneficios las Variaciones de Precios que se produzcan, conforme a la metodología que se determine contractualmente.

También procederá el reconocimiento de las Variaciones de Precios cuando se opere la modificación del plazo contractual por actos del Poder Público o circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, hechos u omisiones del comitente no previstos en los pliegos, los que deberán ser justificados en el tiempo y la forma que determinare la Reglamentación.

El fraude, la culpa, la omisión, negligencia, impericia o erradas operaciones del contratista, le harán perder el derecho al reconocimiento de los aumentos que se pudieran producir por las variaciones de los precios, sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan por ello.

Art. 61°.- Si las obras se ejecutaren o los acopios se realizaren con posterioridad a la época prevista en el plan de trabajos, de inversiones o plan de acopios aprobado, conforme surgiere de las mediciones de obra ejecutada a acopio, las variaciones de precios deberán calcularse en relación a las épocas en que debieron ejecutarse o acopiarse.

En caso de producirse adelantos en la obra con respecto a los planes aludidos, dichas variaciones se calcularán en función de las cantidades reales de obra ejecutada o acopiadas.

Los valores a reajustar surgirán de la comparación de los precios aprobados y publicados periódicamente por la provincia.

Se considerarán como valores básicos o de partida y como valores de actualización los de la fecha que se establezca en los pliegos.

Cuando se anticiparen fondos al contratista estos serán actualizados a la fecha en que se certifique efectivamente el acopio o los trabajos realizados. La suma que se anticipare se debitará en la proporción que resultare de los importes de los rubros o ítems a que deberá ser aplicado el mismo y se reconocerá la variación de precios por el saldo.

Art. 62°.- De las liquidaciones por variaciones de precios, que resultaren a favor del contratista, se retendrán los porcentajes fijados para la garantía contractual y para el fondo de reparo, y se constituirán las correspondientes garantías suplementarias.

Art. 63°.- Las liquidaciones por variaciones de precios se efectuarán para cada certificado de obra. Serán provisionales o definitivos y se liquidarán, certificarán y abonarán, con arreglo a lo que disponga la reglamentación. Las certificaciones de las variaciones de precios definitivas podrán rectificarse en lo que se refiere a cantidades de obra, hasta la liquidación final, pero permanecerán inalterables en cuanto a los precios adoptados en su confección, excepto en el caso de error o cuando medie observación del comitente o reclamación fundada por parte del contratista.

Cuando la liquidación por variaciones de precios no pueda ser certificada en el plazo previsto en la reglamentación por faltar los valores índices o precios correspondientes, deberá ser calculada provisoriamente con los determinados para el ultimo periodo del que se posean datos, sin perjuicio de su inmediato reajuste una vez obtenido los mismos. Cuando mediare mora en el pago de los certificados de variaciones de precios, se procederá de igual modo que para los certificados de obra.

Art. 64°.- El Poder Ejecutivo podrá establecer el Organismo que tendrá como finalidad determinar las variaciones de valores de todos los elementos integrantes del precio de las obras sujetas al régimen de la presente ley el que actuará como órgano consultivo y estadístico de dichas variaciones. A tal efecto dispondrá las medidas necesarias para su funcionamiento técnico y orgánico, tendientes a asegurar una diligente actualización de los datos que deba suministrar a la Administración y a los contratistas. El Poder Ejecutivo resolverá la oportunidad de creación del ente, quedando autorizado a fijar las normas de su funcionamiento y, en caso necesario, establecer una contribución porcentual sobre los certificados que liquide la Administración, con el objeto de atender su presupuesto.

CAPITULO XII

DE LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

Art. 65°.- Dentro de los treinta (30) días corridos de liquidado el certificado final, se liberarán las garantías constituidas a requerimiento del contratista, total o parcialmente, según corresponda.

En caso de mora en la recepción definitiva en la liberación de la garantía imputable a la Administración, correrán intereses o gastos a su cargo, según corresponda, sin perjuicio de las demás disposiciones de la presente ley. Una vez intimada en forma fehaciente la Administración en la persona del Ministro del ramo o titular del ente para que efectúe la recepción de la obra, si ésta guardare silencio durante sesenta (60) días hábiles administrativos se considerará recepcionada automáticamente, ya sea en forma provisoria o definitiva, parcial o total según el caso.

Art. 66°.- Cuando, sin estar previsto en el contrato, la Administración disponga la habilitación parcial de una obra, el contratista tendrá derechos a que se reciba provisionalmente la parte habilitada.

Art. 67°.- Para el caso de bienes y cosas, a que se refiere el Artículo 2°, los pliegos determinarán lo concerniente a las recepciones provisionales y definitivas.

CAPITULO XIII

DE LA RESCISION DEL CONTRATO

Art. 68°.- En caso de quiebra, concurso civil, liquidación sin quiebra, incapacidad sobreviniente o muerte del contratista, dentro del termino de treinta (30) días corridos de producirse alguno de los supuestos, los representantes legales, síndicos o herederos en su caso, deberán formular dentro del plazo que les otorgue la Administración el ofrecimiento de continuar la obra, por sí o por intermedio de terceros, hasta su terminación en las mismas condiciones estipuladas en el contrato. En estos supuestos deberán reunirse las condiciones del Artículo 33° “in fine”.

Transcurrido el plazo señalado sin que se formulare ofrecimiento, el contrato quedará rescindido de pleno derecho.

Formulado el ofrecimiento en término, la Administración podrá admitirlo o rechazarlo, sin que en este último caso contraiga responsabilidad indemnizatoria alguna.

Art. 69°.- En los casos de rescisión del contrato, por las causales previstas en el Artículo 68°, los efectos serán los siguientes:

a) Recepción provisional de la obra en el estado en que se encuentra y posterior recepción definitiva cuando ello corresponda.

b) Certificación final de los trabajos ejecutados que no merezcan objeción en las condiciones pactadas contractualmente.

c) Certificación, a su valor real actualizado, de los materiales existentes en la obra, destinados a la misma, en cumplimiento del contrato, que la Administración decidiera adquirir.

d) Adquisición o arriendo, a su valor residual actualizado a la fecha de rescisión de los equipos, herramientas, útiles y demás elementos necesarios, de propiedad del contratista, que la administración quiera utilizar para continuar la obra, previa conformidad de los sucesores, representantes legales o síndico del concurso del contratista. A falta de ello, la Administración podrá utilizarlos luego de verificación fehaciente de inventario estado y valuación unilateral.

En este supuesto los interesados podrán recurrir de la valuación o del Precio del arriendo que se establezca ante el Tribunal Arbitral.

En caso de acreedores prendarios o con simple privilegio sobre los bienes indicados, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 58°.

e) La Administración podrá subrogar de pleno derecho al contratista en sus derechos y obligaciones respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecución de la obra.

f) No corresponderá el pago de gastos que se hubieran vuelto improductivos como consecuencia de la rescisión, ni tampoco lucro cesante o daño emergente.

Las previsiones de este Artículo se aplicarán sin perjuicio de las deducciones que correspondan por multas o sanciones por hechos anteriores al que origine la rescisión.

Art. 70°.- La Administración tendrá derecho a declarar la rescisión del contrato en los siguientes casos:

a) Cuando el contratista obre con dolo o culpa o negligencia grave, en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales o legales, concernientes a la ejecución de la obra.

b) Cuando el contratista infrinja o consienta que se infrinjan por sus subcontratistas, en forma reiterada, la legislación laboral, profesional o previsional, en relación con el personal que se emplea en la obra.

c) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en las bases de licitación para la iniciación de las obras.

En éste caso se podrá prorrogar el plazo si el contratista demostrase que la demora en la iniciación de las obras se ha producido por causas inevitables y ofrezca cumplir su compromiso.

En caso de que no proceda el otorgamiento de esa prórroga, o que concedida ésta, el contratista tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedará rescindido con perdida de la fianza y pago de los daños y perjuicios que se ocasionaren.

d) Cuando el contratista proceda, sin causa justificada, a la ejecución de las obras con ritmo tal que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajos, y a juicio fundado de la Administración, aquellas no puedan terminarse en los plazos estipulados.

e) Cuando el contratista, sin autorización de la Administración, ceda total o parcialmente el contrato, o se asocie con otro para la ejecución de la obra.

f) Cuando las multas aplicadas al contratista por mora en la entrega de obras, con plazo total o plazos parciales, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 36°, alcancen al diez por ciento (10%) del monto contractual actualizado.

g) Cuando no repusiera o completara el fondo de reparo o la garantía del contrato dentro del plazo de diez (10) días hábiles administrativos a partir de la fecha de intimación.

Quedan comprendidos en el supuesto de haberse afectado aquellos al pago de multas, como el de no actualizar y mantener la vigencia de los seguros y cauciones que se hubieran ofrecido.

h) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa sin causa justificada los trabajos, durante los plazos y en las condiciones que establezca la reglamentación.

Art. 71°.- En los casos previstos en el Artículo 70°, los efectos de la rescisión serán los siguientes:

a) Ocupación inmediata de la obra, en el estado en que se encuentra, y recepción provisional de las partes que estén de acuerdo con las condiciones contractuales, previa medición efectuada de común acuerdo para lo cual se citará en forma fehaciente al contratista. En caso de ausencia injustificada de éste, se estará a la medición oficial, y se procederá a la recepción definitiva cuando ello corresponda.

b) El contratista responderá por los daños y perjuicios que sufra la Administración a causa de tener que continuar la Obra por Administración o los emergentes del nuevo contrato que celebre para la continuación del rescindido, siempre que para ello se proceda con las mismas bases, dentro de razonables pautas temporales, a contar desde la fecha de la recepción provisional.

c) Retiro por el contratista, o a su cargo de los elementos que la Administración decida no emplear en la continuación de la obra.

d) Adquisición o arriendo, a su valor residual actualizado, a la fecha de la rescisión, de los materiales, equipos, herramientas, útiles y demás elementos existentes o destinados a la obra, necesarios para continuarla, que la Administración podrá utilizarlos previa verificación fehaciente mediante inventarios de dichos bienes, estado en que se encuentran y valuación unilateral de los mismos. En este supuesto el contratista podrá recurrir de la valuación o del precio de venta o del arriendo, al Tribunal Arbitral.

En caso de acreedores prendarios o con similar privilegio sobre los bienes indicados, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 58°.

e) Los créditos que resultaren, por los bienes que la Administración adquiera en virtud del inciso anterior, por la liquidación de partes de obras terminadas, por obras inconclusas que sean de recibo y por fondo de reparo, quedarán retenidos a las resultas de la liquidación final de los trabajos sin derecho a intereses. Para esa liquidación final estos créditos serán actualizados por la Administración, a los efectos de comparar valores de similar poder adquisitivo.

f) La Administración podrá subrogar al contratista, en sus derechos y obligaciones, respecto de los contratos que hubiere celebrado para la ejecución de la obra.

g) En todos los casos, el contratista perderá la garantía que indica el Artículo 30° y sus ampliaciones, en forma proporcional a la parte no cumplida, notificándose al Registro Provincial de Empresas y Proveedores de Obras Publicas.

Las previsiones de este artículo se aplicarán sin perjuicio de las deducciones que correspondan por multas o sanciones, por hechos anteriores al que origine la rescisión.

Art. 72°.- El contratista tendrá derecho a solicitar judicialmente la rescisión del contrato en los siguientes casos:

a) Cuando la Administración no cumpla con la entrega del bien en que deba realizarse la obra, o con el replanteo a su cargo dentro de los plazos fijados en los pliegos.

b) Cuando las alteraciones o modificaciones del monto contractual contempladas en el Capitulo IX, excedan de las condiciones y del porcentaje obligatorio en él establecidos.

c) Cuando por causas imputables a la Administración, la obra se suspenda durante el lapso y las condiciones que fije la reglamentación.

d) Cuando, por causas imputables a la Administración, el contratista se vea obligado a ejecutar las obras con lentitud, de modo que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajos, y la misma no pueda terminarse en el plazo estipulado con una tolerancia que se establecerá en la reglamentación.

e) Cuando la Administración demore, durante el lapso que fije la reglamentación, después de vencidos los términos establecidos en el Artículo 52° para la emisión y pago, de uno o más certificados que, en conjunto superen el quince por ciento (15%) establecido respecto del valor contractual actualizado.

Esta causa no podrá ser invocada cuando mediare dolo, culpa o negligencia del contratista o cuando se refiere a certificaciones que no hubieran sido realizadas por no existir acuerdo de las partes. En este caso, los plazos comenzarán a regir desde que exista decisión firme y definitiva al respecto.

En todos los casos, el contratista intimará previamente a la Administración en la persona del Ministro del ramo o titular del Ente y al Gobernador para que, en el término de veinte días hábiles administrativos, normalice la situación. Vencido este termino, tendrá derecho a reclamar judicialmente la rescisión del contrato por culpa de aquella.

Art. 73°.- En los casos previstos en el Artículo 72°, los efectos de rescisión serán los siguientes:

a) Recepción provisional de la obra, en el estado en que se encuentra, salvo la de aquellas partes que no estén de acuerdo con las condiciones contractuales, debiendo realizarse la recepción definitiva una vez vencido el plazo de garantía.

b) Certificación final de los trabajos recibidos.

c) Devolución o cancelación de las garantías constituidas para el cumplimiento del contrato, en la medida que no resulten afectadas.

d) Certificación, a su valor actualizados, de los materiales existentes o destinados a la obra, en viaje o en elaboración, salvo los que el contratista quisiera retener.

e) Compra, por parte de la Administración, tomando los recaudos legales que correspondan, a su valor residual actualizado, de los equipos, herramientas, instalaciones, útiles y demás elementos que se hubieran adquirido específicamente para la obra, siempre que el contratista no los quisiera retener.

f)La Administración podrá subrogar al contratista, en los contratos que hubiere celebrado con terceros para la ejecución de la obra. En caso contrario, deberá indemnizarlo por los eventuales perjuicios que pudiera producirle la rescisión de dichos contratos.

g) Indemnización al contratista por los daños y perjuicios que sean consecuencia de la rescisión, excluido el lucro cesante, computados hasta el momento de la recepción provisional de la obra.

h) Finiquito de todas las cuestiones económicas pendientes, mediante compensación de créditos y débitos de las partes.

Las previsiones de este Artículo se aplicarán sin perjuicio de las deducciones que correspondan, por multas o sanciones, por hechos anteriores al que origine la rescisión.

Art. 74°.- Ambas partes podrán acordar la rescisión del contrato cuando razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas, imposibiliten su cumplimiento o alteren la ecuación económica–financiera del contrato. En tales casos, podrán convenir la adquisición de los materiales y equipos destinados a la obra.

Art. 75°.- La Administración, con causa fundada en razón de interés publico, podrá, en cualquier momento, rescindir unilateralmente el contrato. En tal caso ambas partes podrán convenir la adquisición de los materiales y equipos destinados a la obra y se indemnizará al contratista de todos los daños y perjuicios emergentes que probare se le produjeran, con excepción del lucro cesante, por la parte de la obra no realizada.

CAPITULO XIV

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Art. 76°.- Toda cuestión a que dé lugar la aplicación e interpretación de los contratos de obras publicas, derivadas de los mismos, deberán debatirse ante los tribunales ordinarios de la Provincia. Sin embargo, las cuestiones controvertidas de carácter técnico, patrimonial derivadas de la contratación y ejecución de las Obras Publicas podrán ser sometidas, a pedido de las partes, a la decisión de los Tribunales arbitrales creados por la ley N° 820, implicando tal sometimiento una renuncia a plantear nuevamente la cuestión en sede judicial.

El contratista no está obligado a verificar el cumplimiento, por parte de la Administración, de los requisitos señalados en la presente ley para ser observados por ella. Ninguna eventualidad de tal naturaleza lo eximirá del cumplimiento del contrato suscripto.

Art. 77°.- A los efectos de la presente ley, todos los plazos citados en la misma se entenderán como días hábiles administrativos, salvo que expresamente se disponga lo contrario.

 

Art. 78°.- La reglamentación de la presente ley fijara pautas para las multas, u otras penalidades, que deban aplicarse al contratista, por el incumplimiento de las obligaciones contraídas.

Art. 79°.- Derógase la Ley Provincial N° 70 y toda otra disposición que se oponga en forma parcial o total a la presente ley. La misma entrará a regir a partir de la fecha de su publicación y se aplicará a los contratos y obras en ejecución en cuanto fuera posible, sin afectar los derechos adquiridos de las partes contratantes salvo su oposición expresa, que deberá formularse por escrito dentro del termino de treinta (30) días. Pasado ese término sin objeciones, se considerará que aceptan la aplicación de la nueva ley para los contratos y obras en ejecución y tramite.

Art. 80°.- Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional, publíquese y archívese.-

(en:b.o.p.1855 del 18/11/80)

JUAN CARLOS COLOMBO

Gral. Br.(r)

GOBERNADOR (INTERVENTOR)

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